Alta expectativa existe frente a la próxima presentación del Plan de Reconstrucción Nacional, como ha denominado el Gobierno a su proyecto de ley amplio para atacar urgencias económicas y en seguridad, entre otras materias clave. La crisis del petróleo y el alza de las bencinas han modificado inevitablemente la agenda del Ejecutivo, y la presentación del plan representa un esfuerzo necesario por reenfocar la discusión hacia aquellos temas que atrajeron a millones de personas a darle una importante mayoría al Presidente Kast. Dentro de esos temas destacan, sin duda, tanto la discusión tributaria como los esfuerzos legales y administrativos por modificar ciertas regulaciones que entraban excesivamente las inversiones y que introducen incertidumbre en los procesos de evaluación de numerosos proyectos.

Así, en lo estrictamente tributario, el Gobierno ha anunciado que su iniciativa legal incluirá una rebaja gradual en el impuesto de primera categoría, la reintegración del sistema y la introducción de un crédito asociado al empleo de personas de menores ingresos. Hay, efectivamente, un extendido consenso en cuanto a que los niveles de impuestos a la renta de las empresas en Chile son altos, y también en que el fuerte aumento de los costos laborales ha perjudicado la creación de empleo formal. Por ello, avanzar en una agenda que aborde estos asuntos es evidentemente necesario. La propuesta enfrenta, sin embargo, a lo menos tres desafíos relevantes.

Desde luego, parece claro que una parte de la oposición —liderada por el PC y el Frente Amplio— casi con seguridad se opondrá a cualquier cambio en esta materia, bajo el argumento de que representaría “una disminución de impuestos para los ricos”. Se trata de un planteamiento falaz, por cuanto asume que los mayores impuestos corporativos efectivamente se traducen en menor rentabilidad para el capital. En una economía abierta, sin embargo, la rentabilidad de buena parte de los proyectos está determinada por las oportunidades globales que se les ofrecen a las empresas. Por ello, la principal consecuencia de impuestos corporativos demasiado altos es, tal como se ha visto en Chile, la ralentización de la inversión y no una disminución de las rentas del capital.

De allí viene el segundo desafío. En efecto, un sector mayoritario, aun dentro de la izquierda, reconoce la necesidad de un ajuste en la tributación de las empresas, pero para este sector la discusión debe centrarse en los mecanismos de compensación que aseguren que una baja de impuestos no generará un mayor déficit fiscal. La interrogante es válida, pero también lo es la respuesta del Gobierno, que apuesta por las rebajas de gasto —y no por mayores impuestos— como el principal mecanismo compensador. Para ello, sin embargo, el Ejecutivo deberá avanzar rápidamente en concretar esos ajustes y asegurar su persistencia en el tiempo, asumiendo la tarea política de demostrarle a la población que efectivamente existen importantes bolsones de gastos superfluos que es necesario eliminar.

Por último —y he aquí el tercer desafío—, el Gobierno debe reconocer que, políticamente, la rebaja de impuestos es un debate de alta incertidumbre, y que el avance en eliminar la llamada “permisología” es también importante —y tal vez aún más— para reimpulsar el dinamismo de la actividad y renovar el entusiasmo que la crisis del petróleo se ha encargado de enfriar. La estrategia política de La Moneda en esta materia debe ser, pues, bien calibrada para evitar enfrascarse en una discusión sin fin, que demore el proyecto y que finalmente enfríe la recuperación. También en esta materia, la experiencia de la segunda administración Piñera con su frustrado proyecto de reintegración tributaria debe ser aquilatada.