La aparición de señales de disconformidad en las filas oficialistas ha empezado a configurar un escenario de atención para La Moneda. En efecto, la sucesión de críticas provenientes de sectores que sustentan el Gobierno parece sugerir, más allá del motivo puntual de cada cuestionamiento, tensiones subyacentes que, de no ser bien resueltas, pueden terminar complicando el avance de la ambiciosa agenda que busca impulsar esta administración.

El alza de los combustibles, la petición de renuncia a la directora del Sernameg y los desajustes de la política comunicacional han sido los temas que han suscitado mayores reparos dentro del propio oficialismo, al tiempo que trasciende, además, la existencia de inquietudes frente a la anunciada ley de reconstrucción, un proyecto clave para el Gobierno (ver editorial en esta misma página). Por cierto, el planteamiento de críticas o divergencias no debiera ser problemático per se. Al contrario, procurar la corrección de decisiones que se estiman equivocadas, advertir eventuales costos políticos o institucionales, o demandar una mejor manera de explicar determinadas medidas, puede ser una forma de contribuir al éxito de una administración. Pero una actitud constructiva supone dos lealtades simultáneas: al proyecto común y a la realidad; si una de esas dos lealtades desaparece, se degenera en complacencia o en oportunismo. Y esta última fue, de hecho, la experiencia del presidente Sebastián Piñera en su segunda administración, cuando una parte de su propio sector político le restó apoyo en el momento más complejo de su gobierno y hasta se sumó a iniciativas inaceptables, como los retiros previsionales. Es precisamente el recuerdo de esos días lo que obliga a encender una luz de alerta en momentos en que el actual Ejecutivo enfrenta sus primeros problemas y su popularidad ha caído en las encuestas. Ciertamente, la situación dista de ser comparable con lo vivido por Piñera, pero es evidente en algunos la tentación de ganar posicionamiento elevando el tono de la crítica o sumándose a demandas populistas. Los partidos y dirigentes que han comprometido su apoyo al Gobierno, que hicieron en primera o segunda vuelta campaña por este y que cuentan con militantes de sus filas ejerciendo tareas en el Estado, no solo tienen la responsabilidad de dar sustento político a esta administración, sino que en el éxito de esta se jugarán su propia evaluación por parte de la ciudadanía. Pretender gozar de las ventajas de pertenecer al oficialismo y, al mismo tiempo, eludir sus costos, no solo es una deslealtad, sino además una ilusión.

Con todo, cabe advertir que, más allá de las actitudes oportunistas que puedan existir, hay también en el diseño político de esta administración elementos que pueden dificultar la relación con sus partidos. Específicamente, la inexistencia de una auténtica coalición oficialista, que actúe como tal, con instancias formales de coordinación, puede terminar trayéndole problemas complejos a esta administración a la hora de ordenar filas en situaciones difíciles. Por razones diversas, sin embargo, la idea despierta reticencias en algunos de los partidos que apoyan al Ejecutivo, y este mismo pareciera sentirse más cómodo sin una coalición que actúe como contraparte. Tal vez se estima que un diseño de esas características hará más lentas las decisiones o, al reconocerles un mayor peso a los partidos, obligará a aceptar fórmulas menos óptimas desde una mirada técnica. La experiencia, sin embargo, demuestra lo discutible de esos supuestos, más aún en un sistema político como el nuestro, en el que no existen mayorías legislativas claras y donde sacar adelante cada iniciativa demanda trabajosos procesos de negociación. En un escenario así, y más aún en un contexto de alta volatilidad en los apoyos ciudadanos, alcanzar acuerdos que aseguren un actuar coherente del propio sector resulta fundamental. En este sentido, la presentación y tramitación del mencionado proyecto sobre reconstrucción nacional será para el oficialismo una decisiva prueba de madurez y capacidad política.