Señor Director:

Mucho se habla de la “permisología” que frena la economía, pero poco se dice de la que asfixia a la educación. En 2021, la Corporación Educativa Grasp solicitó el reconocimiento oficial para un colegio en Paine —sin costo alguno para el Estado—. La ley otorga un plazo de 90 días para resolver; sin embargo, el Ministerio de Educación se tomó cinco años para rechazar.

Lo más curioso —o sospechoso— es la fecha del rechazo: el 10 de marzo de 2026, exactamente un día antes de que las autoridades dejaran sus cargos.

¿Fue ineficiencia o un portazo de despedida? Cuando la burocracia ignora sus propios plazos legales, no solo frena la inversión, sino que deja a cientos de familias sin el derecho a elegir dónde educar a sus hijos. Mantenemos la convicción de que las nuevas autoridades actuarán con rigor y agilidad, priorizando el bienestar de los estudiantes.

Corporación Educativa Grasp