Pocos términos se han expandido tanto en el debate público como “ultraderecha”. Políticos y líderes de opinión lo han incorporado a su vocabulario habitual, aunque con escaso interés por usarlo de manera precisa. Esto ha convertido el concepto en una etiqueta más para descalificar al adversario; un gesto liviano que contrasta con la gravedad de su imputación. Porque, recordémoslo, la palabra esconde una acusación: el “ultra” no es un contrincante legítimo del juego democrático, sino una amenaza que debe ser enfrentada.

Pero este uso del término no se explica solo por la vulgarización que suele acompañar a los conceptos cuando se masifican. El problema es anterior: el modo en que ha sido definido en la academia —y que ha servido de soporte para su expansión en el debate público— presenta serias debilidades que han sido escasamente advertidas.

El esfuerzo más influyente es el de Cas Mudde, politólogo de la Universidad de Georgia, cuya obra ha sido adaptada a Chile por el Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-lab). En términos simples, su propuesta distingue entre una derecha convencional y una “ultra”, que se caracterizaría por defender ideas de manera “radical” y por mantener una relación “conflictiva” con la democracia liberal. Según esta narrativa, el Presidente José Antonio Kast integraría el mismo grupo que Nayib Bukele, Javier Milei y Viktor Orbán, entre otros.

Esta caracterización tiene problemas que conviene discutir. El principal es que no ofrece umbrales para establecer con precisión cuándo la defensa de ideas de derecha deviene radical ni cuándo un liderazgo exhibe una relación conflictiva con la democracia. Así, el uso de “ultraderecha” se vuelve antojadizo y las fronteras entre lo convencional y lo ultra terminan dependiendo más del observador que de criterios claramente delimitados.

Por ejemplo, en su análisis de la campaña presidencial de 2021, Ultra-lab atribuye al entonces candidato Kast un rasgo autoritario, el que se explicaría, al menos en parte, por el lugar central que la seguridad pública ocupa en su programa. Sin embargo, en la última carrera presidencial, el mismo énfasis fue compartido por todos los candidatos. ¿Por qué el mismo hecho sería señal de autoritarismo antes, pero no hoy? A esto se suma una segunda dificultad: la propuesta identifica implícitamente a la “ultraderecha” con posiciones conservadoras, dejándolas automáticamente bajo sospecha. Con esto, quien defiende, por ejemplo, la prohibición total del aborto parece tan radical como quien intenta desmantelar las instituciones democráticas.

Todo esto interesa porque, como decíamos, el uso de “ultraderecha” no se restringe a la academia, sino que se ha extendido al debate público, donde ya no se describe, sino que se alerta: si quien tiene el poder constituye una amenaza, ya no cabe dialogar ni negociar; solo resistir y bloquear. Poco importan los motivos que impulsan la agenda de un gobierno como el del Presidente Kast; simplemente, se denuncia su supuesta peligrosidad. Y es eso justamente lo que han hecho las izquierdas (apoyadas en marcos como el descrito) desde mucho antes que Kast llegara a La Moneda (no olvidemos que al expresidente Piñera se le acusó antes y durante el estallido de ser un representante de la “ultra”).

Ahora bien, insistir en la expresión “ultraderecha” puede terminar afectando más a las izquierdas que a sus acusados, al conducirlas a una severa complacencia respecto de su propia trayectoria: en los últimos años, la radicalidad y el riesgo democrático surgieron desde su sector, tanto en la Convención Constitucional como en su desleal oposición al expresidente Piñera. Que hoy apliquen la etiqueta, alzándose con ella como defensores de la institucionalidad, arriesga parecer una impostura.

Pero hay más: la obsesión con el término les impedirá advertir que sus adversarios han triunfado no por su carácter antidemocrático, sino por haber interpretado mejor el Chile actual y representar las demandas que las mismas izquierdas abandonaron.

Una muestra de los problemas esbozados fue recogida en el editorial del 3 de abril de este diario, donde se cita una declaración de Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, a propósito del nuevo gobierno: “Tenemos la pregunta de si vamos a seguir teniendo democracia, y es así de grave; si vamos a seguir teniendo derechos humanos”. Si luego de las derrotas vividas por las izquierdas en el último ciclo político, quien dirige el partido del expresidente Boric mantiene intacto su diagnóstico, el problema puede ser más grave de lo que parece.

Instituto de Estudios de la Sociedad