Está bien que partidarios y opositores expresen buenos deseos para el recién instalado gobierno, sobre todo si ese deseo supone que a todo el país le vaya igualmente bien, en especial a aquellos que más necesitan de políticas y decisiones públicas para conseguir bienestar de una manera real y también estable. Algunos gobiernos prometen “felicidad” a sus gobernados, lo cual constituye un exceso, puesto que basta con el bienestar, partiendo por las condiciones materiales de existencia de las personas y sus familias. Mídase como se quiera el fenómeno de la pobreza, lo cierto es que hay la vida sumamente confortable de unos cuantos y la desprotegida de la mayoría. No todos comen tres veces al día, y donde “comer” es más que llevarse algo a la boca, sino tener cubierta la necesidad de algunos bienes básicos o primordiales, sin los cuales nadie podría llevar una existencia digna y autónoma. Por eso es que el llamado “costo social” de ciertas políticas y decisiones públicas no debería recaer en aquellos que carecen de bienes que corresponden a necesidades básicas.

La idea no es que todos sean iguales en todo, al revés de lo que propone el planteamiento igualitarista, sino que todos seamos iguales en algo —que es, en cambio, el ideal igualitario—, algo que no puede ser sino ese conjunto de bienes básicos a que aludimos recién y que tienen que ver con el acceso a atenciones de salud, educación, vivienda, salarios, asistencia y previsión social. Se trata de viejas y muy sentidas demandas que están vinculadas a la existencia y ejercicio de aquellos que se consideran “derechos fundamentales”. Unos derechos que no quedaron congelados en la que se considera su “primera generación” —la de los derechos personales como límites al poder—, y que se extendieron a los derechos políticos —que son de participación en el poder— y también a los derechos sociales y culturales que procuran garantizar ese indispensable conjunto de bienes básicos al que aludimos aquí.

Mi temor, fundado en lo que afirman militantes y simpatizantes del Partido Republicano, así como en la biografía parlamentaria de sus líderes, es que empiecen a proliferar anuncios y decisiones que, casi alardeando de no resultar populares, podrían estar siendo abiertamente injustos. Puedo entender que ciudadanos ajenos a esa colectividad hayan otorgado a los nuevos gobernantes un margen de tiempo, no obstante que desde un primer momento pensé que eso constituía una gran ingenuidad, cuando no una tácita u oculta conformidad con todo cuanto se veía venir. Ya sabemos que una derecha extrema no tiene nada de liberal, salvo en algunos aspectos económicos en los que se parece mucho a lógicas neoliberales, mientras que algunos liberales han empezado ahora a entibiar sus convicciones y a exhibir un liberalismo incompleto, tímido, parcial, y de componentes cada vez menos dialogantes y autoritarios.

Es propio de liberales entrar en dudas, pero sin intentar salir de ellas por cualquiera de las puertas que abren no liberales que son en verdad antiliberales.

Se habla con mucha liviandad de los “costos sociales” que están empezando a pagarse y que, como siempre, no son sino una mano nada invisible, sino muy dura y pesada que se deja caer sobre los más débiles y necesitados. Un recorte por aquí y otro por allá, y lo mismo en el caso de los bonos, podría ser la manera de compensar u ocultar que, de hecho, se está corriendo el riesgo de gobernar a favor de los habitualmente temerosos acomodados o, peor, de ricos y poderosos.