La elección peruana del domingo amerita una mirada especial. Y no solo por la importancia que reviste la relación con el vecino país: esta vez se agrega la oportunidad de observar las novedades institucionales que ofrecen estos comicios, buscando corregir los graves problemas de gobernabilidad vividos por esa nación. La más relevante de esas novedades es el retorno a la bicameralidad.

Fue después del autogolpe de Alberto Fujimori cuando Perú, en su Constitución de 1993, eliminó el Senado, bajo el argumento de agilizar el proceso legislativo. En la práctica, si inicialmente el modelo unicameral fue funcional a la concentración del poder que caracterizó la época fujimorista, en el largo plazo ha favorecido la ingobernabilidad, con una Cámara única que ofrece terreno fértil al populismo y ha extremado los enfrentamientos con el Ejecutivo.

Frente a este panorama, y dentro de un conjunto más amplio de reformas, especialistas venían desde hace años proponiendo restablecer el bicameralismo, entendiendo que la existencia de una Cámara Alta cumpliría un rol moderador, al permitir una mejor discusión de las leyes y un uso más reflexivo de herramientas como el juicio político. La idea, sin embargo, no era popular y fue rechazada en un plebiscito realizado en 2018. Aun así, una comisión de alto nivel volvió a proponerla al año siguiente, aunque sin éxito. Finalmente, en 2024, y cuando la crisis política atravesaba por una de sus fases más agudas, el Congreso aprobó restablecer el Senado y retomar así una tradición histórica.

La forma específica en que se concretará este paso suscita discusiones, tanto por el modo en que se elegirá a sus 60 integrantes (la mitad en distritos uninominales y la otra mitad en una circunscripción nacional) como por las facultades que tendrá. Pese a esos problemas, la expectativa es que, sumado a otras reformas, contribuya a una mayor estabilidad política.

Al observar el caso desde Chile, inevitable es recordar que hace pocos años, mientras en Perú los especialistas advertían los problemas del unicameralismo, la izquierda lanzaba acá una embestida contra el Senado, calificándolo como un “espacio oligárquico” que “hay que clausurar”, en palabras del entonces diputado —y hoy, paradójicamente, senador— Daniel Núñez (PC). La operación no se quedó en los dichos: en enero de 2022, la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó, con los votos del PC y el Frente Amplio, establecer en Chile la unicameralidad. La fuerte reacción que vino hizo esto inviable, pero derivó en una fórmula híbrida que igualmente terminaba con el Senado, reemplazándolo por una Cámara de las Regiones de limitadas facultades. El abrumador rechazo ciudadano, en el plebiscito de septiembre de ese año, al texto propuesto por la Convención echó por tierra todo aquello, mientras que el papel jugado por el Senado desde entonces lo ha confirmado como un espacio indispensable de diálogo y construcción de acuerdos.

La decisión de Perú de recuperar esta institución, si por una parte confirma su valor, por otra vuelve a poner en evidencia el despropósito del experimento político al que se intentó someter a Chile hace menos de un lustro.