Señor Director:

Contrario a lo que sugiere Rafael Pastor (carta de ayer), no fue la intervención estatal la que produjo la mayor explosión de prosperidad que ha conocido la humanidad: un aumento del ingreso per cápita mundial entre 20 y 40 veces en los últimos doscientos años, junto con una reducción de la pobreza extrema del 80% a menos del 10%.

Diversos historiadores económicos (Deirdre McCloskey, Joel Mokyr y Daniel Susskind, entre otros) han demostrado que este proceso fue impulsado por una revolución intelectual y cultural liberal: el surgimiento de una ética que valoraba el comercio, la innovación y al emprendedor; la difusión de ideas que limitaron el poder arbitrario del Estado, y nuevas formas de conocimiento que privilegiaron la experimentación y el progreso tecnológico.

Los países ricos de hoy lo son, en lo fundamental, gracias a haber adoptado —en mayor o menor medida— instituciones y culturas liberales, no gracias a sus burocracias ni a sus políticas redistributivas. Muchos países pobres, en cambio, siguen atrapados precisamente por el peso de un Estado intervencionista y extractivo.

Ahora bien, el Estado de Derecho —la protección efectiva de la vida, la libertad y la propiedad— es, sin duda, una condición indispensable para el progreso. Pero ese es precisamente el rol mínimo y legítimo del Estado que plantee desde el principio. Casi todo lo demás —educación, salud, pensiones, vivienda, transporte— funciona mejor cuando queda en manos de la sociedad civil y el mercado competitivo.

En Chile, después de décadas de crecimiento del aparato estatal, los resultados son desalentadores: el Estado es cada vez más grande y caro, pero ni siquiera es capaz de cumplir su función más elemental, que es la de garantizar la seguridad ciudadana. Esa sola evidencia debería bastar para replantear seriamente su rol y tamaño.