El 9 de marzo, a días del cambio de mando, el exministro Nicolás Grau presentó un informe sobre la tributación a la renta en Chile. Más que un ejercicio de diagnóstico, el documento parece responder a una lógica distinta: no preguntarse qué dicen los datos, sino mostrar cómo los datos pueden usarse para sostener una conclusión previamente definida. Ya conocemos esa conclusión, es la misma que vienen defendiendo hace más de una década: es necesario subir el impuesto a la renta, y no bajarlo, como plantea el Gobierno.

Un primer cuestionamiento al documento es que determina la incidencia de los impuestos calculando los montos que los contribuyentes pagan al SII. En teoría económica, la pregunta relevante no es quién paga el impuesto en el papel, sino quién termina soportándolo en la práctica. “Los impuestos no los paga quien determina la ley, su incidencia depende de las elasticidades de oferta y demanda”. En una economía integrada al mercado global de capitales, la incidencia de un mayor impuesto a la renta recae principalmente en el trabajo, pero no a través de mayor recaudación, sino por menor inversión, lo que afecta el empleo. No es raro entonces que entre 2014 y 2025, luego de significativas alzas en la carga tributaria del capital, la inversión en Chile haya crecido a una tasa de 1%. El fisco no recaudó, se dañó el dinamismo del empleo privado formal, y aumentó la inversión de empresas chilenas afuera.

Es cierto que para determinar correctamente la incidencia de mayor tributación sería necesario un modelo dinámico de equilibrio general, lo que no parece factible. Pero medirla mal no es una solución, y menos usar esos cálculos erróneos para sacar conclusiones.

Realizan también una clasificación de los sistemas tributarios en la OCDE, que concluye que aquellos países con sistemas integrados o semiintegrados tienen mayores tasas corporativas que el resto. Lo curioso es que clasifican a Estonia y Letonia dentro de los sistemas duales, cuando el primero es plenamente integrado, y solo se tributa un 22% a nivel de dividendos. Letonia es más parecido a un sistema semiintegrado, con tasa corporativa de 20%. Si estos países se clasifican como corresponde, se modifica el cálculo de los promedios, y se altera también la conclusión.

Lo más llamativo del estudio son los cálculos de lo que pagan los dueños del capital respecto a las utilidades devengadas, que concluyen que para el 1% más rico la tributación sería regresiva. Es el mismo argumento que se usó en 2014 para justificar un sistema de renta atribuida, que luego probó ser inaplicable. No es viable cobrar impuestos a los socios por utilidades que no han recibido. A nivel de personas, tanto el trabajo como el capital deben tributar en base percibida. Lo curioso es que, a pesar de esta supuesta regresividad del impuesto a la renta, muestran una clara preferencia por los sistemas desintegrados. Sin embargo, en ese esquema los socios tributan por los dividendos, es decir, en base percibida, no devengada. No mencionan que este sistema termina siendo más regresivo que un sistema integrado, ya que en general los dividendos pagan una tasa proporcional, y no progresiva.

Plantea también el informe que la evidencia empírica muestra que las reducciones del impuesto corporativo sin compensaciones fiscales no se autofinancian. Es correcto; sin embargo, está pendiente un análisis más profundo de por qué en 2012, anterior a las múltiples y significativas alzas tributarias de estos años, la recaudación tributaria no minera fue equivalente a un 16% del PIB, subiendo solo a un 16,3% del PIB en 2025. ¿Por qué, entonces, se perdería tanta recaudación bajando la tasa corporativa de 27% a 23%? Es clave analizar las causas de este fenómeno, explicado en parte por un menor margen bruto de las empresas, y probablemente también por la creciente complejidad del sistema.

La receta para recaudar es clara: un sistema de impuesto a la renta simple, parejo, competitivo globalmente, que fomente el ahorro y la inversión, y que entregue certeza jurídica a los contribuyentes. Para eso no basta con bajarle la tasa de 27% a 23% a un grupo reducido de empresas. Volver a integrar es igualmente importante, evitando castigar el crecimiento de las pymes con elevadísimos aumentos de tributación.

Es posible lograr un consenso técnico, basado en evidencia. No legislemos basados en consignas y discursos de lucha de clases. ¿Recuerdan que el 1% más rico pagaba el 3% del PIB de recaudación de la reforma de 2014?