La fallida captura de Galvarino Apablaza, ahora también prófugo de la justicia argentina, agrega un nuevo episodio a una larga serie de obstáculos para perseguir las responsabilidades penales en el asesinato del senador Jaime Guzmán y otra serie de delitos cometidos por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (en este caso el llamado Frente Autónomo).

El otrora cabecilla de la agrupación terrorista fue sometido a proceso en 2004 por el crimen del senador Guzmán y el secuestro extorsivo de Cristián Edwards, delitos cometidos en plena democracia. La Corte Suprema requirió entonces su extradición a Argentina, adonde se había fugado, pero el gobierno de Kirchner impidió la entrega confiriéndole el estatus de asilado político. Desde entonces, el Estado de Chile ha instado sin éxito por que Apablaza retorne al país para hacer frente a las imputaciones de los tribunales chilenos. Cuando se estaba muy cerca de que ello ocurriera, luego de que se le quitara su condición de refugiado, ocurre esto que ha causado natural preocupación y dolor en quienes por décadas han reclamado justicia por hechos que causaron conmoción en el país.

Inexplicable resulta la falta de previsión de la policía del país trasandino por no haber tomado las medidas de vigilancia suficientes para evitar que escapara, una vez que le habían quitado la condición de asilado. Además de los esfuerzos para su pronto apresamiento, cabe esperar de las autoridades argentinas una completa investigación sobre lo sucedido, para determinar si se trató de una situación de mera negligencia o incapacidad operativa, o si en cambio hubo connivencia de algunos mandos para permitir o facilitar la evasión de Apablaza.

PC y el caso Guzmán

El caso Guzmán es un ejemplo de cuán costoso resulta que se haga justicia cuando los victimarios pertenecen a sectores organizados de izquierda. Al apoyo de agrupaciones nacionales se une una coordinación internacional efectiva, que en la práctica impide o dificulta al extremo que nuestros tribunales puedan hacer el trabajo de juzgar y aplicar las sanciones a los responsables.

Si bien nadie podría declararse sorprendido por la actitud del Partido Comunista de defender a Galvarino Apablaza, resulta impresionante el talante desenfadado de dicho partido para enfrentar la imputación judicial contra quien integró sus filas y jugó un papel clave en su aparato militar. Si en 2017, Guillermo Teillier, presidente del PC, quitaba relevancia a los hechos y consideraba que el crimen contra el senador UDI Jaime Guzmán se inscribía dentro de los “daños colaterales” que se produjeron con posterioridad al Golpe militar de 1973, hoy se insiste en que nuestros tribunales no darían garantía de imparcialidad, de que se trataría de una “persecución política”. Una “vendetta”, como sostuvo esta semana el dirigente comunista Juan Andrés Lagos.

Más lejos llegó la diputada PC Lorena Pizarro, que afirmó que Apablaza “fue un gran resistente, gestionó el legítimo derecho a la autodefensa” y que “en Chile hoy día, creo que con este gobierno no hay ninguna garantía”. Algo absurdo si se tiene en cuenta que estos crímenes se cometieron en democracia; que un secuestro con petición de rescate o un crimen a un senador poco tienen que ver con fines de autodefensa; y que en distintos gobiernos (no solo el de Kast) se han opuesto siempre a la extradición de Apablaza.

Ello da cuenta también del doble estándar que tienen los comunistas sobre el respeto a las resoluciones de los tribunales de justicia. Cuando alguna investigación penal concierne o involucra a uno de los suyos o una persona cercana a sus ideas, su reacción suele ser muy distinta que cuando son otros los acusados. En el primer caso, critican a la justicia, llegan a hablar de presos políticos, acusan una persecución y descreen públicamente de la imparcialidad de los mismos tribunales. En el otro, destacan y defienden sus resoluciones y reclaman por mayor dureza. Por lo demás, ha sido precisamente el PC el principal partido que ha hecho de las persecuciones judiciales una forma de hacer política. Lo ocurrido durante el estallido y la pandemia —atiborraron los juzgados de querellas a las autoridades a las que les tocó enfrentar tamaño desafío de seguridad y de salud pública, llegando a utilizar la expresión “asesino con delantal” para referirse al ministro Mañalich— es un ejemplo de ello.

Una actitud similar a lo sucedido con Apablaza tuvo el PC en su momento con el crimen del exmilitar Ronald Ojeda, en que salieron rápidamente en defensa del régimen venezolano; también con su reacción tras los allanamientos en Villa Francia en que llegaron al extremo de acusar de montaje a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá; en el apoyo irrestricto a Daniel Jadue en el proceso en su contra, descalificaciones al Ministerio Público y a los tribunales de justicia incluidas, entre otras conductas en que se privilegia el proteger a uno de los suyos sin importarles pasar a llevar o lesionar la institucionalidad.

Si de algo ha servido todo lo ocurrido en el caso Apablaza, es en trazar una especie de línea divisoria entre quienes están o no por defender nuestro Estado de Derecho.