Probablemente sin buscarlo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) sintetizó la encrucijada que hoy enfrenta la oposición. Defendiendo a su correligionaria y pareja, la senadora Daniella Cicardini, frente a los cuestionamientos por su insólita arremetida contra el ministro de Hacienda —no solo le pidió renunciar cuando llevaba dos semanas de asumido, sino que antes lo acusó de mentir y hasta le pidió tener “decencia”—, Manouchehri, en entrevista con “El Mercurio”, afirmó: “Lo positivo sería no que Cicardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a la manera en que ella hace política”. Podrá parecer risible la pretensión de que una institución dos veces centenaria, tradicional espacio para los grandes debates nacionales y para la búsqueda de acuerdos, haga tabla rasa de su historia y asuma el estilo de quien acaba de jurar el cargo. Sin embargo, las palabras del diputado resumen bien el dilema que deben resolver las fuerzas de izquierda: ejercer una oposición tal vez dura pero respetuosa de las formas institucionales y anclada en la lealtad democrática o, por el contrario, volver al camino de la estridencia y las lógicas destituyentes.

En efecto, inevitable es advertir cómo ciertos sectores de oposición vuelven a levantar un discurso que, alejándose de normas mínimas de respeto republicano, abiertamente apunta a erosionar la legitimidad del nuevo gobierno, donde lejos de simplemente criticar decisiones o anuncios de los que se discrepa, se los atribuye a una suerte de agenda ultrista que perseguiría los más oscuros objetivos, y que no cabría sino denunciar y confrontar del modo más radical. Ello se ha exacerbado a propósito de las alzas de los combustibles, pero la estrategia deslegitimadora ya se manifestaba incluso antes. Un ejemplo fue la intervención de la presidenta del Frente Amplio al inaugurar el congreso ideológico de su colectividad. Allí, además de reivindicar el tipo de oposición que ejerciera su partido frente al gobierno de Sebastián Piñera, Martínez reservó sus más alarmistas expresiones para describir el actual escenario. “Tenemos la pregunta de si vamos a seguir teniendo democracia, y es así de grave; si vamos a seguir teniendo derechos humanos, si vamos a seguir teniendo espacios asociativos”, aseguró sin sonrojarse, cual si efectivamente el nuevo gobierno —que entonces llevaba apenas diez días en el poder— representara una amenaza nada menos que contra la continuidad democrática. Se trata de palabras que empiezan a parecerse a las que en su momento su sector usara para descalificar a Piñera y así justificar los intentos por impedirle completar su período.

Hoy, aunque una mayoría del país mira con reprobación los hechos de 2019, una parte de la izquierda no disimula la misma añoranza que subyace a las palabras de Martínez. En esa línea, El Siglo, el órgano del Partido Comunista, junto con denunciar que Chile sería objeto de la ofensiva de “un sector social y político hegemónico que busca perpetuar su dominación”, también recuerda sibilinamente, a propósito del alza de las bencinas, la desafortunada frase de aquel ministro que, días antes del estallido, sugiriera “comprar flores”. A su vez, la derrotada excandidata Jeannette Jara arremete contra una “ultraderecha que está gobernando”, mientras su correligionario, el diputado Marcos Barraza, habla sin más de “un comportamiento presidencial autoritario”. Pero, ¿cuáles serían los ejemplos de ese “ultrismo” que se denuncia? Nada más que el ejercicio de las mismas atribuciones que todos los gobiernos han ejercido en más de 30 años de democracia, desde la revisión de decretos hasta el anuncio de proyectos que tendrá que zanjar el Congreso. Con mínima seriedad, ¿puede calificarse esa como una conducta autoritaria? ¿Qué se busca con tal lenguaje sino deslegitimar a quienes la ciudadanía ha dado el mandato de conducir el país?

Por cierto, no toda la oposición está en esa línea. Lo demostró la elección de las mesas de la Cámara y el Senado hace algunas semanas, y también la actitud de parlamentarios DC y PPD en la discusión de las medidas paliativas para la bencina, o el rechazo explícito de los senadores PS a los dichos de su compañera Cicardini. Son muestras de que existe un sector que sí está dispuesto a ejercer una oposición leal y enmarcada en el respeto institucional. Las próximas semanas mostrarán cuál de los dos caminos se impone. El resultado no será indiferente para nuestra salud democrática.