Señor Director:

La reciente decisión del Consejo Nacional de Televisión de formular cargos contra HBO Max ofrece una curiosa pieza de despedida institucional: regular plataformas streaming que la ley no contempla, aplicando normas pensadas para una televisión que —con cierta nostalgia— cada día pierde relevancia, audiencias y recaudación publicitaria.

Si la tesis prosperara, cabría exigir a todas las plataformas OTT por demanda la señalización horaria, las advertencias acústicas y —por qué no— las cuatro horas semanales de programación cultural. La sola enumeración tiene algo de comedia, agravada por la condición de incumbente, debido a que el Consejo también posee una plataforma de streaming, CNTV Play, creando un evidente conflicto de interés.

Todo esto ocurre a días del término de la administración de un articulador político PS, que deja su cargo el 11 de abril, que en reiteradas ocasiones expresó públicamente no tener atribuciones legales para regular plataformas, consagrando un apresurado gesto vacío e improcedente por una brecha legal insalvable al carecer de competencias.

Este episodio crepuscular resulta difícil de entender, porque en su exceso deja de ser una simple anécdota. Quizá en su delicado absurdo solo sea comparable al intento del gobierno anterior de comprar la casa de la familia Allende. Una idea que, en el papel, para el Presidente Gabriel Boric parecía tener sentido... hasta que en forma tardía todos se enteraron por la prensa de las inhabilidades y el alto costo político que se debió pagar después.

Luis Adolfo Breull