En rigor, los graves incidentes de este martes en el Liceo José Victorino Lastarria y en el Instituto Nacional —que incluyeron el uso de artefactos incendiarios, ataques a funcionarios y detenciones de menores en posesión de bombas molotov— no constituyen una novedad, considerando la larga lista de hechos de violencia en establecimientos emblemáticos que el país ha conocido en los últimos años. Sin embargo, su reaparición en el actual contexto tiene características particulares. Desde luego, cabe distinguir episodios como estos de otros hechos no menos impactantes, pero de naturaleza muy distinta, vinculados a problemas de convivencia escolar o incluso de salud mental. En el caso de los incidentes del Lastarria y del Nacional, en cambio, se trata de expresiones de un tipo de violencia política —se han acumulado antecedentes sobre sus vínculos con el ultrismo de izquierda— que desde hace años se ensaña contra los que fueran establecimientos públicos de excelencia.

Aunque esa violencia suele levantar como pretexto la preocupación por problemas educacionales, es evidente la utilización que se hace del espacio escolar como plataforma de agitación y confrontación. El hecho de que se ataquen y hasta incendien dependencias de los mismos recintos, da cuenta de la verdadera naturaleza de estos actos, cuyos efectos negativos recaen, finalmente, sobre la educación pública de calidad, que por largo tiempo fuera en Chile un factor decisivo de movilidad social.

Resulta inevitable asociar estas imágenes con las que antecedieron al estallido de octubre de 2019. Entonces, las evasiones masivas y los desórdenes en liceos emblemáticos formaron parte de una secuencia que derivó en una crisis de alcance mayor. En esos días, sectores de izquierda, incluido el Frente Amplio y el PC, lejos de censurar tales acciones, las celebraron como legítimas expresiones de “desobediencia civil”, e incluso el entonces diputado Giorgio Jackson, en un recordado posteo, les dio las gracias a los estudiantes que las protagonizaron. Hoy, sin embargo, el contexto es distinto, pues el país parece haber evolucionado hacia una comprensión más nítida de la importancia del orden público y la seguridad. Revelador es que ahora, por ejemplo, figuras como el diputado Marcos Barraza expresen molestia cuando se vinculan los hechos del Lastarria con la izquierda. Y es que una inmensa mayoría ciudadana que sufrió las consecuencias del ciclo octubrista no está dispuesta a idealizar el ultrismo, como alguna vez sí se hizo.

En este escenario, el Gobierno no debiera limitarse a condenar los hechos, anunciar proyectos de ley con aumentos de penas y respaldar formalmente las acciones emprendidas por los alcaldes de Providencia y Santiago. Aunque ello sea indispensable, su deber es ir más allá y no solo prevenir cualquier escalamiento, sino que impulsar una estrategia de seguridad pública expresamente orientada a desarticular a los grupos responsables.

La protección de los docentes y asistentes de la educación, como es el caso de los funcionarios afectados en el Lastarria, así como el derecho de miles de alumnos que desean estudiar en condiciones normales, deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. No resulta coherente sostener el fortalecimiento de la educación pública, mientras se tolera que grupos minoritarios alteren gravemente su funcionamiento. El Gobierno debe leer con atención estas señales y actuar con la firmeza que el resguardo del Estado de Derecho exige y que la ciudadanía le demanda.