Señor Director:

Sostener que en Israel existe “plena libertad de culto” no resiste un análisis serio a la luz de los hechos ni del derecho internacional. La Ciudad Antigua de Jerusalén —incluidos sus lugares santos— no forma parte de Israel, sino del Territorio Palestino Ocupado, conforme a reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, Israel actúa allí como potencia ocupante, no como soberano, y está jurídicamente obligado a garantizar el libre acceso a los lugares religiosos, sin discriminación.

Lo ocurrido con el Patriarca Latino en el Santo Sepulcro no es un hecho aislado ni excepcional. Es parte de un patrón sistemático. Durante años se ha restringido el acceso de fieles cristianos a Jerusalén en Semana Santa y de musulmanes al complejo de Al Aqsa durante Ramadán, mediante permisos arbitrarios y controles que, en la práctica, limitan el ejercicio de la libertad religiosa.

Pero el problema es aún más profundo. En Gaza, iglesias cristianas han sido alcanzadas por bombardeos, con víctimas civiles en su interior. En Jerusalén, existen intentos documentados de alterar el statu quo histórico, incluyendo presiones sobre propiedades del barrio armenio que buscan modificar su composición y carácter.

En el Monte de los Olivos se han promovido iniciativas para declararlo parque nacional israelí, consolidando control sobre un sitio de profundo significado cristiano y palestino. En Haifa, el monasterio de Stella Maris ha sido objeto de actos de profanación y hostigamiento, entre muchos otros ejemplos.

Invocar razones de seguridad frente a este conjunto de hechos es insuficiente. El derecho internacional humanitario no permite a una potencia ocupante restringir derechos fundamentales de manera generalizada ni alterar el carácter de los territorios ocupados. La libertad de culto no se mide en declaraciones, sino en la realidad concreta de acceso, protección y respeto efectivo.

Maurice Khamis
Presidente de la Comunidad Palestina