El anuncio del ministro de la Vivienda, Iván Poduje, de reversar la decisión de la administración Boric de expropiar Colonia Dignidad, ha generado reacciones contrarias entre quienes impulsaron y quienes apoyaban la medida. Consideran que ella contraría el respeto que se debe al tema de los DD.HH. y que “revictimiza” a quienes sufrieron atropellos a sus derechos en ese recinto, ya sea se trate de colonos abusados o de perseguidos políticos.

Colonia Dignidad se instaló en Chile en 1961 como una comunidad cerrada, fundada por el ciudadano alemán Paul Schaefer, bajo el formato de una sociedad de beneficencia, en la que trabajaba el resto de los inmigrantes que trajo consigo. Detrás de esa fachada benefactora, y gracias al secretismo con que realizaba sus actividades, Schaefer pudo dar rienda suelta a sus perversiones sexuales con niños, y permitió luego que el lugar fuera utilizado como centro de detención y tortura de detenidos políticos durante el régimen militar. Mientras operó, quienes pudieron salir del lugar lograron contar sus experiencias e, incluso, algunos de ellos emigraron a Alemania, donde sus duras vivencias también fueron conocidas. Cuando finalmente Schaefer fue perseguido judicialmente, logró escapar del país a Argentina, donde fue detenido, extraditado a Chile, juzgado y condenado, para fallecer posteriormente en prisión. Todo este largo y traumático episodio condujo a que en 1991, luego de la recuperación de la democracia, a la sociedad se le quitara su personería jurídica, y que su existencia se transformara en una mancha moral para el país, pues además de los delitos que allí se cometieron, había conseguido operar casi como “un Estado al interior del Estado”.

Basado en lo anterior, en 2024 el Presidente Boric se comprometió a expropiar Colonia Dignidad, y transformar el lugar en un memorial. Sin embargo, no se trataba de un sitio específico al interior del enclave donde operaba la sociedad, en el que un memorial se hubiese transformado en un símbolo de lo que allí había ocurrido, además de un centro de peregrinaje y aprendizaje para sus eventuales visitantes, sino que consideraba un total de 117 hectáreas, incluido un grupo de viviendas ya construidas y habitadas por exocupantes de la Colonia, que más que victimarios eran víctimas de quienes habían dirigido Dignidad. Como el proceso de expropiación se extendió en el tiempo por una serie de complejidades burocráticas y la lentitud del gobierno para resolverlas, Boric no alcanzó a completar el proceso y el tema lo heredó el ministro Poduje.

En esas condiciones, Poduje consideró que el monto de los recursos involucrados (estimaciones iniciales hablan de 49 mil millones de pesos) resultaba impresentable ante la ciudadanía, no solo por la instrucción recibida de Hacienda de hacer recortes al presupuesto, sino porque su cartera debe acometer tanto la reconstrucción de viviendas incendiadas en la V Región y en el Biobío como abordar el grave déficit habitacional del país, todo lo cual exige priorizar el uso de los recursos. De este modo, reversar la expropiación es una medida que se encuentra bien fundada en razones humanitarias y financieras. La idea de erigir un memorial en la zona puede perfectamente llevarse a cabo sin necesidad de tener que expropiar 117 hectáreas, incluyendo al apreciable número de viviendas habitadas que allí se ubican. Eso es algo que puede volver a ser examinado desde una óptica menos onerosa y, aun así, realizarse con la solemnidad que amerita.

En cualquier caso, la decisión del ministro Poduje no puede ser descrita como ideológica o irrespetuosa, como algunos han hecho, sino en consonancia con las urgencias éticas a las que se ve sometida su cartera, y a la imperiosa necesidad de priorizar iniciativas.