El Gobierno partió con una agenda ambiciosa. Bajo el discurso de la emergencia, el Presidente y el ministro de Hacienda anunciaron en Lirquén un conjunto de medidas que combinaban reconstrucción, ajuste fiscal, modernización de permisos y cambios tributarios. Todas ellas tienen algo en común: requieren altos niveles de capital político y capital técnico para ser bien diseñadas, aprobadas e implementadas.

La reconstrucción es impostergable. El ajuste fiscal, en un contexto en que los ingresos de 2025 resultaron significativamente menores que lo proyectado, es indispensable, aunque políticamente costoso. La modernización del sistema de permisos —clave para destrabar la inversión— exige un diseño fino y la capacidad de enfrentar resistencias de múltiples grupos de interés. Incluso medidas aparentemente más simples y consensuadas, como la rebaja del impuesto corporativo, requieren acuerdos políticos que no son triviales en el escenario actual.

En este contexto, el desafío era claro: priorizar bien en qué gastar el capital político y técnico. Sin embargo, pocos días después, el foco cambió abruptamente. El anuncio de ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) pasó a dominar la agenda pública.

Conviene partir por lo básico. El Mepco no es un subsidio permanente, sino un mecanismo de seguro cuyo objetivo es suavizar las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. Cuando el precio sube, reduce el impuesto específico para amortiguar el alza; cuando cae, ocurre lo contrario. En horizontes largos, su efecto fiscal debiera ser acotado si se utiliza adecuadamente.

Este tipo de instrumentos responde a una lógica económica conocida: los hogares enfrentan restricciones para suavizar su consumo frente a shocks, mientras que el Estado tiene mayor capacidad para absorberlos en el tiempo. Precisamente, para eso existen mecanismos como el Mepco.

La decisión del Gobierno fue acelerar el traspaso de los precios internacionales al mercado local, reduciendo su rol estabilizador. El resultado fue inmediato: fuertes incrementos en los precios de los combustibles, que dominaron la discusión pública y generaron un alto costo político.

Desde un punto de vista técnico, la medida es discutible. En un escenario de estrechez fiscal, es razonable preguntarse hasta qué punto el Estado debe seguir amortiguando estos shocks. Pero Chile mantiene acceso a financiamiento y cuenta con el Fondo de Estabilización Económica y Social, que permiten enfrentar fluctuaciones transitorias sin comprometer la solvencia fiscal. Si el objetivo era reducir la presión fiscal en el corto plazo, existían alternativas intermedias, como el traspaso de precios en tres pasos, reduciendo el costo fiscal inicial.

Pero, más allá del debate técnico, el problema principal es otro: la asignación del capital político. El manejo del Mepco transformó un seguro para los hogares en un conflicto político de alto costo. En lugar de concentrar su capital político en reformas estructurales —como la modernización del sistema de permisos, bajar la tasa de primera categoría, o el ajuste del gasto público—, el Gobierno terminó utilizándolo en una medida transitoria, de beneficios fiscales acotados y alto costo político.

En política económica, no solo importan las medidas, sino también el momento y el orden en que se implementan. El capital político es un recurso escaso, especialmente en contextos de fragmentación política y restricciones fiscales. Gastarlo en una batalla equivocada puede tener costos duraderos. El episodio del Mepco muestra este riesgo. Más que un error técnico, lo que se observa es una mala priorización. El Gobierno optó por asumir un alto costo político en una política transitoria, dejando en segundo plano reformas clave para el crecimiento de mediano plazo. En este caso, el capital parece haberse utilizado donde menos rendía. Y ese costo no es solo inmediato, sino que también condiciona la viabilidad de futuras reformas estructurales que el país necesita con urgencia hoy.