La tragedia ocurrida en Calama ha generado múltiples reacciones. Algunas expresan un profundo dolor por la familia de la inspectora asesinada y por su comunidad escolar. Son las más sinceras. Hay otras que, aspirando a que situaciones como esta no se repitan, acuden rápidamente, sin una reflexión más profunda, a soluciones que quizás no sean las más apropiadas. Entre estas, aquellas que buscan instalar al ingreso de los planteles pórticos detectores de metales. Indudablemente, estos pueden ser parte de la “caja de herramientas” para abordar realidades como esta. Sin embargo, cuando existe la determinación de provocar daño a una comunidad, como parece haber ocurrido en este caso, es muy posible que ello no resuelva el problema de fondo y que la vigilancia sea sobrepasada. Otros, finalmente, son alarmistas y hablan de una crisis generalizada de nuestro sistema educativo. El Colegio de Profesores, por ejemplo, sugiere realizar manifestaciones atendida esa crisis. Más bien, la entidad gremial debería estar trabajando con autoridades y la sociedad civil para entender mejor estas situaciones y generar las acciones más apropiadas para enfrentarlas.

En efecto, los hechos vividos en Calama parecen estar muy imperfectamente relacionados con los problemas de convivencia escolar, que tienen su propio desarrollo y tratamiento. Faltan antecedentes para tener un panorama más claro, sobre todo porque, según las investigaciones preliminares, lo ocurrido no habría sido un acto impulsivo o el resultado de un conflicto particular, sino el producto de una planificación que tomó tiempo y que revela, por parte de su autor, un desprecio por la vida de su comunidad y por su propia existencia que es difícil de comprender. En este sentido, tal vez un elemento a considerar sea lo que revela la prueba Pisa en cuanto a que en Chile los jóvenes de 15 años que se sienten solos crecieron desde un 12,4 en 2012 a un 34 por ciento en 2022. El fenómeno es extendido en el mundo, y esa emoción ha ido acompañada de niveles crecientes de ansiedad y depresión, y de un bajo sentido de pertenencia con el colegio al que se asiste. Una parte de estas experiencias, muy pequeña, se traduce en comportamientos que eventualmente pueden ser riesgosos para la comunidad, aun cuando las causas no siempre tengan su origen en los colegios. La alta penetración de teléfonos inteligentes y los efectos de las redes sociales en los adolescentes han tenido consecuencias insospechadas.

En otras latitudes se pone cada vez más atención a estos riesgos. Se asume que, si bien el fenómeno no está habitualmente provocado por la dinámica observada en un establecimiento educacional, este es un buen lugar para lidiar con sus efectos. El énfasis está en medidas de prevención, aunque en países como Estados Unidos y Reino Unido ellas se combinen cada vez más con el uso de detectores de metales. En Suecia, en tanto, se evaluó seriamente —aún se discute— esa posibilidad, después de una matanza ocurrida a comienzos del año pasado en un liceo de adultos jóvenes. Sin embargo, se optó por otras medidas, incluyendo la posibilidad de inspección de las pertenencias de los estudiantes. Pero, sobre todo, se reforzaron las acciones para apoyar a esos adolescentes y jóvenes solitarios y que parecen no sentir mayor identificación con sus comunidades. Estas experiencias acumuladas en distintas latitudes son útiles para abordar estos desafíos. En Chile faltan esfuerzos para ponerlas a disposición de los colegios.

Con todo, es importante reconocer que, para poder asumir en propiedad esta tarea, los directivos y docentes deben ser liberados del agobio administrativo que impone una regulación completamente anacrónica de rendición de fondos y de actividades educativas, la que no parece percatarse del costo alternativo que el tiempo empleado tiene para la calidad de vida de las comunidades escolares. Adicionalmente, una vez que estas situaciones ocurren, es fundamental dar un apoyo sólido a esas comunidades afectadas. Los impactos potenciales sobre sus integrantes son complejos y hay que contenerlos. Estas acciones también son poco conocidas en nuestro país, incluso poco comprendidas, y ello obliga a divulgarlas apropiadamente y asegurarse de que existan los respaldos necesarios para implementarlas.