Justicia es de las carteras más relevantes del gabinete presidencial. Sus competencias se refieren a cuestiones esenciales para el Estado de Derecho, entre ellas la debida relación con el Poder Judicial, la promoción y protección de los derechos humanos, el buen funcionamiento de ciertos servicios elementales y, también, la evaluación que el Ejecutivo tenga, o deba tener, sobre la legislación vigente, en general, y en concreto, respecto de la ley civil, penal, procesal o administrativa, la común y la especial.

Probablemente, tras años de una progresiva inseguridad ciudadana y de un crecimiento económico menguado, que ha envuelto críticamente al Estado y sus conciudadanos, si hubiera que señalar lo que efectivamente exige el país de manera urgente, se debería concluir en que lo es el cumplimiento oportuno y efectivo de la ley, la aplicación estricta y debida de los poderes y atribuciones que la ley vigente dispone. La libertad en todos sus órdenes, los derechos de las personas y la seguridad ciudadana tienen que garantizarse, primero, cumpliendo cabalmente la ley vigente.

A más de lo anterior es exigible y de esperar un cambio sustancial en el funcionamiento de las instituciones que declaran y aplican el Derecho. Los ciudadanos debieran sentir que el país logra el orden, que su vida no se juega en cada esquina, que el Estado funciona con eficiencia, que se trabaja en forma, y este objetivo, que parece ser el del actual Gobierno, debería ser también, y prioritariamente, el de la cartera de Justicia, con un peso innegable en áreas neurálgicas del Estado y con una posición clave para evaluar el orden jurídico y demandar de quienes corresponda su cumplimiento material.

Velar por el buen funcionamiento de juzgados y tribunales, proveer con celeridad los cargos vacantes y requerir lo propio de fiscales del Ministerio Público, gendarmes, policías, funcionarios del Servicio Médico Legal, del Registro Civil e Identificación y del Servicio de Reinserción Social Juvenil, de todos los órganos de coordinación y de cuantos tengan atribuciones para hacer realidad el Derecho, parecieran ser hoy el foco prioritario de la cartera referida.

Es que, hay que decirlo, el país no resiste ningún populismo. Ni propósitos ampulosos e indefinidos ni exquisitas regulaciones configuradas desde la abstracción teórica. Lo exigible siempre es que la autoridad tenga conciencia de sus atribuciones y las ejerza. Por cierto, siempre habrá aspiraciones de reforma y Justicia debiera valorar las propuestas de expertos y centros de estudio, constituyéndose en una instancia permanente de análisis de avances legislativos.

Qué duda cabe que cuestiones penales sustantivas, temas procesales penales y civiles, todo lo relativo al nuevo servicio de reinserción social y el arbitraje interno, debieran ser pronto objeto de definiciones y nuevas normativas.

Con todo, tratándose de reformas ya en proceso, al realismo antes reclamado debería agregarse una dosis importante de prudencia. Así, la reforma procesal civil, ya varios años en discusión parlamentaria, y la constitucional sobre un nuevo sistema de nombramiento de jueces y ministros, de menor data, merecen sumar a su desarrollo presente la posición del actual gobierno para definir si a su criterio ellas comprenden bien los problemas y los resuelven.

Una reflexión actual sobre una y otra parece de toda sensatez y precaución. El orden procesal civil y el mecanismo de provisión de los órganos jurisdiccionales son demasiado trascendentales para no promover a su respecto una visión política de largo plazo y un consenso experto sólido que garantice que ellas mejoran sustancialmente las instituciones que regulan.

El país tiene experiencia en reformas complejas, frutos de amplios acuerdos sobre cuestiones técnicas y políticas. Una, la de la Carta de 1980, y la otra, la del proceso penal, bien pensada y discutida en todas sus implicancias, e impulsada con talento por el Ministerio de Justicia y su titular de entonces, Soledad Alvear. La experiencia merece aprovecharse porque suele moderar y dar peso a la acción política.

Orlando Poblete Iturrate
Profesor de Derecho Procesal Universidad de los Andes