En reciente entrevista con “El Mercurio”, el ministro de Justicia del nuevo gobierno, Fernando Rabat, respondió con extrema cautela las preguntas sobre diversos asuntos de la contingencia en su sector. Así, en materia de indultos a funcionarios policiales condenados en el contexto del estallido de 2019, señaló que se resolverán “de acuerdo al mérito de los antecedentes”. Sobre el proyecto de ley de conmutación de penas, que “es mejor ver el avance antes de emitir un pronunciamiento”. En cuanto al Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos, que están en revisión y conversaciones.

El ámbito en el cual sí entregó más precisiones es la revisión de la institucionalidad del Poder Judicial. En lo que respecta a los nombramientos, se prescindirá de un Consejo encargado de efectuarlos y, en cambio, se promoverá la designación en plazos breves garantizados, en el caso de los ministros de la Corte Suprema, por un mecanismo de sorteo entre los miembros de la quina si es que el Senado demora la ratificación. Asimismo, se plantea la creación de un órgano autónomo para la administración de los recursos de la judicatura, en reemplazo de la actual Corporación Administrativa, y otro órgano para el control disciplinario. Este último también tendría bajo su tutela a todos los abogados, estén colegiados o no. El aspecto más delicado de todo esto, la integración de estos órganos, se encontraría todavía en estudio, aunque podría inspirarse en las fiscalías judiciales de las Cortes, que sin embargo tienen competencias bastante más simples y acotadas.

La acentuada prudencia del nuevo ministro tiene ciertamente aspectos positivos y es digna de encomio, en la medida en que ella no sea el reflejo de una carencia de proyectos por parte del Gobierno en esta área. Aunque se acaba de sustraer de Justicia uno de los principales desafíos del país —la situación de Gendarmería y la reinserción social de los adultos que han delinquido—, son muchísimas las tareas que recaen en la cartera y son cruciales para el desarrollo del país: la reforma de los procedimientos civiles, la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, la deteriorada situación del Servicio de Registro Civil y del Servicio Médico Legal, por mencionar solo algunos.

También habrá que poner atención a la idea, que por momentos parece subyacer a su discurso, de que el ministro de Justicia no se ocupa de asuntos políticos, sino técnicos. Este predicamento es tan erróneo como potencialmente peligroso. Es erróneo, porque resulta evidente que el Gobierno tiene una posición política que se manifiesta en los proyectos e iniciativas que impulsa. Y puede ser peligroso, porque entraña el riesgo de que se pretenda presentar como soluciones técnicas indiscutibles asuntos que son opinables y en los que es necesario arribar a un acuerdo político: ¿Se debe impulsar una reforma constitucional que elimine el indulto?, ¿por qué se descarta la creación de un consejo de nombramientos judiciales?, en fin: ¿cuáles deben ser las prioridades de la cartera? Ninguna de estas preguntas se deja responder solo desde una perspectiva técnica y es importante que así se reconozca.