Las alzas de las bencinas y el diésel han empezado a desatar pulsiones populistas, de las que el país ya tuvo una verdadera sobredosis en los días del estallido de 2019 y, luego, con la pandemia. Desde el Congreso —principalmente desde las filas de la oposición, pero también por parte de algunos parlamentarios oficialistas— vuelven a plantearse soluciones casi mágicas a un problema de alta complejidad, las que buscan ganarse el favor de la ciudadanía, pero que carecen de cualquier rigor técnico.

Sin duda, es legítima la discusión sobre cuán gradual o inmediato debía ser el ajuste a los parámetros del Mepco, o incluso respecto de acciones alternativas que permitieran moderar las alzas. Lo inaceptable es que se levanten voces que —al margen de cualquier consideración analítica— pretendan que no haya alza alguna, cual si se pudiera aislar al país de los efectos de una crisis internacional que no controla y que afecta a su principal importación. No menos irresponsable es que se demande con ese objeto echar mano a recursos fiscales que no existen.

En los países, como en tantos ámbitos de la vida, las cuentas se pagan. Y si bien en el pasado Chile dispuso de fondos que le permitieron paliar el impacto de la crisis subprime y, años después, entregar importantes ayudas durante la pandemia, hoy la realidad es otra: esos fondos fueron drenados y además nos acercamos peligrosamente al que se ha definido como límite prudencial de endeudamiento. Seguir gastando más que nuestros ingresos es un camino directo al fracaso, como ha sido una constante en nuestra región.

Lamentablemente, una parte del mundo político no ve —o no quiere ver— que Chile no puede construir una economía de bienestar sin tener los recursos para financiarla, y que medidas como la gratuidad o el subsidio al Transantiago están desangrando las arcas fiscales. Peor aún, algunos ya empiezan a propiciar el retiro de fondos previsionales, que tan dañinos fueran para nuestra economía y que lo serán para las pensiones futuras.

Es legítimo y necesario discutir las alternativas para enfrentar un shock externo como el que estamos viviendo. Pero cabe exigir un mínimo de rigor, en lugar de iniciar una verdadera competencia de propuestas demagógicas.

El tono de la discusión también es relevante, y en eso el Gobierno debe colaborar, evitando el discurso confrontacional, empatizando con las estrecheces que experimenta la ciudadanía y procurando un diálogo que permita acordar las mejores soluciones.

En contextos de incertidumbre económica y de desconfianza institucional, el discurso demagógico encuentra terreno fértil. Chile ya pagó —y aún paga— muy caro la aventura populista iniciada en 2019. No repetirla es un imperativo no solo político, sino moral.