Con una ciudadanía impaciente y crítica como la de ahora —que ha encontrado en las redes sociales una forma de organizarse, transmitir su descontento y donde el aspecto emocional juega un papel central—, las primeras semanas o meses de los gobiernos pueden marcar el destino que tendrán en todo su período. Los que hace algunos días apoyaban a una administración que recién asume pueden darle la espalda rápidamente si perciben que es desprolija en la implementación de su programa o manifiesta una rigidez excesiva o un ideologismo que no les permite a las autoridades adaptarse a los nuevos escenarios ni enfrentar con pericia los problemas que se les presentan. Cabe recordar que gran parte del destino del gobierno de Gabriel Boric se jugó en las primeras semanas, en que se produjo un desfonde de la confianza en su proyecto refundacional y se pusieron en entredicho las reales capacidades para gestionar el Estado de esa generación joven que conformaba el Frente Amplio. La imagen que se perdió en esos días no logró recuperarse —una fracción significativa de la ciudadanía se formó un juicio negativo que ya no cambiaría—, y la seguidilla de derrotas electorales que sufrirían después serían solo una consolidación de esa deriva iniciada en marzo.

De ahí la profunda preocupación con lo que ha sucedido esta semana, en que el gobierno de José Antonio Kast sufrió una abrupta caída en sus bases de apoyo ciudadano. Aunque se trata de situaciones distintas —fueron una acumulación de errores autoinfligidos los que minaron la confianza en la anterior administración y su proyecto político sin que algún factor externo inesperado, como el súbito aumento del precio del petróleo producto de la guerra en Irán, hubiese contribuido a generar o profundizar la crisis—, lo cierto es que lo sucedido constituye una alerta que exige un análisis sereno para hacer las rectificaciones correspondientes.

Es evidente que esta semana abundaron los errores comunicacionales; quedaron expuestas las debilidades del diseño del segundo piso del Gobierno, que corre el riesgo de convertirse en un poder paralelo que termine ahogando la tarea de los ministros que son precisamente quienes tienen la responsabilidad constitucional de dirigir sus carteras; asomaron las primeras fricciones en el oficialismo y se sigue echando de menos el despliegue de un discurso con proyección de futuro, en que las medidas duras o impopulares aparezcan al servicio de un propósito político que trascienda el corto plazo y ofrezca un horizonte de prosperidad.

Con todo, incluso en una semana tan difícil como esta hay aspectos que rescatar, como las habilidades demostradas por el equipo político del gobierno en el Congreso —particularmente los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García (Segpres)— y la seriedad y transparencia con la que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha enfrentado el episodio del alza en los combustibles, evitando caer en provocaciones frente a las descalificaciones personales de algunos parlamentarios de oposición. Si bien podrá debatirse si la gradualidad era o no una mejor alternativa, es indudable que la orientación que tienen sus medidas es la correcta, dada la estrechez fiscal que recibe este gobierno.

Seguridad, la gran ausente

Lo que más llama la atención, sin embargo, es la debilidad que ha mostrado en estas primeras semanas el despliegue del programa de seguridad. Algo sorprendente, habida cuenta de que es la mayor preocupación de los ciudadanos y fue la principal promesa de campaña del candidato Kast. Aunque es prematuro hacer juicios definitivos sobre la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lo cierto es que hasta ahora se le ha visto una actuación meramente reactiva, en que parece ir detrás de los hechos delictivos que se suceden, sin capacidad de desplegar ni comunicar una agenda integral sólida para enfrentar las distintas formas de criminalidad presentes en el país.

El controvertido episodio que terminó con la salida de la tercera autoridad de la PDI —cuyos alcances están todavía lejos de ser dilucidados— genera también legítimas aprensiones sobre el papel jugado por la ministra en estos hechos y ciertamente la distrae de sus tareas propias. La filtración de un oficio secreto dirigido a la máxima autoridad de la PDI, y diversos trascendidos a la prensa en que se expresa la molestia al interior de la institución, dan cuenta de la profundidad del conflicto creado.

Asimismo, no es coherente con la prioridad asignada por el Gobierno al tema de seguridad, la significativa reducción presupuestaria ordenada por Hacienda, que incluye una disminución de los recursos para la policía.

Es sabido que el Gobierno será juzgado principalmente por su capacidad para reducir los temores ciudadanos y ello requiere de una estrategia bien diseñada, con sus respectivas acciones y los resultados esperados. En particular, es fundamental conocer cómo esa estrategia se diferencia de planes anteriores. Hasta ahora el Gobierno está al debe con las expectativas creadas y las próximas semanas permitirán aquilatar si la ministra está o no a la altura de tamaño desafío.