Señor Director:

A propósito de las recientes declaraciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio respecto de la necesidad de revisar el gasto en cultura, resulta pertinente precisar el marco desde el que se evalúan las políticas públicas en este ámbito.

Revisar su eficacia no solo es legítimo, sino necesario para asegurar el buen uso de los recursos públicos. Sin embargo, hacerlo a partir de criterios valóricos y no técnicos, como la escolaridad de los beneficiarios, instala un supuesto inaceptable: que el acceso a la cultura puede ser ponderado según el nivel educacional de las personas.

En un país donde la escolaridad está profundamente determinada por las condiciones socioeconómicas y territoriales, ese enfoque no es neutro.

Ya lo ratifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que Chile es miembro desde 1945, el acceso a la cultura es un derecho humano. Como tal, no puede operar bajo una lógica que termine justificando la exclusión de quienes históricamente han tenido menos oportunidades.

Si los criterios de evaluación parten de esa base, entonces no estamos corrigiendo una política: estamos institucionalizando quiénes merecen acceder a la cultura. Y eso, en una democracia, no es aceptable.

Alexei Ronaldo Vergara Aravena
Decano Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica
Fernando Enrique Carrasco Pantoja
Decano Facultad de Artes de la Universidad de Chile