La Real Academia Española (RAE) define la voz ‘dilema' como una situación en que es necesario elegir entre dos opciones igualmente malas o buenas. El Gobierno se enfrentó de golpe esta semana a uno mayúsculo. La abrupta subida del precio del petróleo a nivel mundial le llevó a tener que elegir entre alternativas nefastas de uno u otro lado, optando por un camino que probablemente condicionará buena parte de su primer año de gestión. Desde el punto de vista de la técnica económica y la responsabilidad fiscal, no hay duda de que la decisión de Hacienda de modificar los parámetros que utiliza el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), disminuyendo en la práctica el subsidio para los consumidores, es acertada y sensata. Por al menos cuatro razones.

La primera es que bajo el actual escenario, el funcionamiento del Mepco le significaba al fisco cerca de US$ 150 millones semanales. En un mes, la cifra podía empinarse a casi US$ 600 millones y, en un trimestre, rasguñar los US$ 1.800 millones. La delicada situación fiscal del país aconseja manejar los recursos públicos con extremada prudencia, en línea con los recortes de gastos que ha instruido el Presidente José Antonio Kast.

Una segunda razón es que existen mejores usos alternativos para estos cientos y cientos de millones de dólares, relacionados con su focalización hacia temas mucho más acuciantes, como las listas de espera en salud y el combate a la pobreza.

En tercer lugar, la decisión también es consistente con la teoría económica: cuando los precios de un bien suben en el mercado internacional —y esto aplica especialmente para Chile, que es un país importador neto de este bien llamado petróleo—, los precios internos deben reflejar lo más fielmente ese incremento. Por el contrario, toda interferencia que distorsione estas nuevas señales de precios genera ineficiencias en la asignación de recursos, haciendo que los consumidores no basen sus decisiones de compra a partir del aspecto más esencial que regula la oferta y la demanda en una economía abierta: el precio.

Por último, hay un aspecto de señal identitaria de este gobierno que es muy valorable: a Kast se lo eligió para poner orden, en un sentido amplio de la palabra. Y este concepto no solo se aplica a través de una mayor mano dura contra la delincuencia, sino también se condice con un manejo más prolijo de las cuentas fiscales.

Sin embargo, más allá de todas estas fundadas razones, existe en el ambiente una duda razonable de si el Gobierno pudo haber optado por una salida un poco más intermedia y políticamente consensuada, que atenuase en parte la inédita política de shock que elevó los precios del litro de gasolina y diésel en $370 y $580, respectivamente, e incrementará en 1,5 puntos porcentuales adicionales la inflación de abril.

El aumento de los precios de los combustibles y el mayor costo futuro de vida —por efectos de segunda vuelta—, que tendrán que pagar principalmente los sectores medios de la población, traen incubado el germen del ascenso de la desaprobación política del gobierno del Presidente Kast, que ya se ha dejado ver en las primeras encuestas, y que seguramente se sentirá con mayor fuerza durante las próximas semanas.

Dentro de esta ecuación político-económico-ciudadana hay un efecto colateral muy preocupante: el debilitamiento de la capacidad política del Gobierno para impulsar su agenda de ajustes en temas económicos. En el actual escenario, el Ejecutivo perdió parte importante de su musculatura política —que se mueve según la popularidad y apoyo de la ciudadanía—, menguando casi por completo la fuerza para traccionar su proyecto de baja de impuesto a las empresas, la madre de todas las batallas de su agenda legislativa económica.

Hoy resulta impensable susurrar siquiera la idea de una reducción de la carga tributaria de las empresas —algo completamente justificado, en línea con la pérdida de competitividad impositiva que ha vivido Chile desde 2014 en adelante—, cuando se le está haciendo pagar a la clase media el costo de la crisis de petróleo.

El silogismo puede no ser completamente cierto, pero sintoniza perfecto con el sentir popular: bajar los impuestos a los empresarios conlleva una menor recaudación fiscal; el déficit fiscal ha subido en los últimos años, entre otras cosas, porque hay menor recaudación; el Gobierno no utiliza el Mepco porque no tiene recursos y no quiere aumentar el déficit fiscal… y la gente es la que tiene que financiar precios de bencina 50% más caros.

El problema de los dilemas con dos alternativas malas, como el que enfrentó este gobierno, es que siempre se pierde.

Kast se jugó por una salida tan sensata en lo fiscal como arriesgada en lo político. El resultado de su apuesta recién se verá en las próximas semanas o meses. Ojalá que haber hecho lo adecuado haya sido también lo correcto.