El ataque ocurrido ayer en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama conmocionó al país. Una inspectora perdió la vida, tres alumnos resultaron heridos, y una comunidad escolar entera quedó marcada. El debate público que seguirá probablemente se centrará en seguridad: cámaras, guardias, protocolos. Esa conversación es necesaria. Pero hay otra que casi nunca ocurre, y que la evidencia económica indica es igualmente urgente: ¿qué pasa con los alumnos que sobreviven?

La pregunta no es retórica. Un estudio de Cabral y coautores con datos de Texas documenta que los alumnos expuestos a incidentes con armas en escuelas —de una escala similar a lo ocurrido en Calama— aumentan su ausentismo en más de un 12%, duplican su probabilidad de repetir el año, y tienen menores tasas de graduación secundaria y universitaria.

A los 24-26 años, sus ingresos son un 11% más bajos que los de sus pares. Los efectos además no se limitan al colegio directamente afectado: estudiantes de establecimientos cercanos también muestran deterioro, aunque menor. A todo esto se suma el impacto en salud mental: Rossin-Slater y coautores muestran que estos eventos elevan el uso de antidepresivos entre jóvenes en más de un 20% durante los dos años siguientes.

La evidencia no se limita a EE.UU. En investigación que desarrollamos junto a Fernanda Ramírez y Román Zárate, analizamos los registros de la Superintendencia de Educación vinculándolos con trayectorias educativas individuales. Los resultados sobre víctimas de violencia entre pares muestran el mismo patrón: se desencadena una espiral que pocas veces se detiene sola. El ausentismo aumenta un 60%, la tasa de repitencia se duplica, las notas caen significativamente y la deserción aumenta. Estos efectos persisten los cuatro años que abarca nuestra observación, y son transversales: afectan a alumnos de distinto nivel socioeconómico, género y edad.

En el largo plazo, ser víctima reduce la probabilidad de graduarse de enseñanza media en un 10%, y las víctimas tienen menor probabilidad de rendir la prueba de acceso universitario, obtienen puntajes más bajos y llegan en menor medida a la universidad.

Ahí está el nudo del problema. Los colegios reaccionan reforzando disciplina y verificando protocolos, pero nuestra investigación muestra algo preocupante: aunque la violencia baja después de que se reporta el incidente, la espiral ya se desencadenó y las consecuencias educativas no se recuperan solas. Cabral y coautores agregan otro factor: tras estos eventos, la rotación de profesores sube significativamente. Los alumnos que más necesitan estabilidad terminan enfrentando también la pérdida de sus docentes. Y el daño se amplifica en el hogar: Nabors documenta que los familiares de las víctimas también sufren deterioro en su salud mental, lo que reduce su capacidad de amortiguar el impacto en sus hijos.

La buena noticia es que el daño no es inevitable. Bharadwaj y coautores documentan que los sobrevivientes del ataque de Utøya en Noruega, a pesar de haber vivido un evento mucho más grave, muestran efectos de largo plazo comparables a los de Texas. La explicación es que el gobierno noruego respondió con recursos masivos de apoyo. La magnitud del daño no está escrita de antemano: depende de lo que se haga después.

Rossin-Slater y coautores confirman este punto: el deterioro psicológico es significativamente menor donde hay mayor disponibilidad de apoyo especializado. Intervenir temprano —con psicólogos, programas de acompañamiento y estrategias de revinculación escolar— no es solo humanamente correcto; es económicamente eficiente frente a los costos que se acumulan cuando no se hace nada.

Los alumnos de Calama van a volver a clases. Lo que ocurra en los próximos meses —si hay acompañamiento profesional, si los profesores permanecen, si la comunidad recibe apoyo o queda sola con el trauma— va a determinar trayectorias de vida reales. La discusión no puede agotarse en quién falló en el protocolo. Tiene que incluir, con la misma urgencia, cómo reparamos lo que se quebró.

Josefa Aguirre
Académica Instituto de Economía UC