Señor Director:

Los estados de excepción constitucional no son una política pública, son un instrumento institucional que implica entregar al Presidente de la República facultades que normalmente no tiene en razón de una situación fáctica que lo justifique.

La situación actual en La Araucanía no es la de 2022. Parte de eso se debe al estado de excepción, pero fundamentalmente al despliegue de una estrategia integral que incorporaba el Plan Buen Vivir, una política de restitución de tierras y un proceso de diálogo político amplio a través de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Todo ello permitió reducir significativamente los hechos de violencia en el territorio.

En este gobierno no existe voluntad de dar continuidad a esa política. Recordemos que suscribir el informe de la Comisión le costó su militancia a la exsenadora Aravena. El entonces candidato y actual Presidente fue un descalificador vociferante, cuestionando inclusive el rol del exministro Moreno, augurando que “no envejecería bien”. Entonces, se trata de repetir la misma fórmula fracasada de reducir el problema histórico de La Araucanía a la seguridad pública.

¿Por qué razón entregaría facultades constitucionales excepcionales a un Presidente que ha manifestado su admiración por regímenes como el de Orbán en Hungría y Bukele en El Salvador? Ya conocimos lo que significa gobernar este territorio con ese sesgo. El caso Catrillanca.

Para simplificar y retroceder no estoy disponible.

Gonzalo Winter
Diputado