Un cuerpo consolidado de investigación ha mostrado que los eventos adversos afectan negativamente la evaluación que los ciudadanos hacen de su gobierno, aun cuando estos estén completamente fuera de su control. Esto se ha documentado para las inclemencias del clima (Achen y Bartels, 2002), los resultados deportivos de los equipos locales (Healy et al., 2010) e incluso para situaciones tan personales como enviudar (Liberini et al., 2017).

Así las cosas, no sorprende que según la Cadem del 20 de marzo —es decir, antes del anuncio del ministro de Hacienda sobre el precio de las bencinas— el 26% responsabilizara al gobierno de Kast por una eventual alza. Tampoco sorprende que, en un contexto de deterioro fiscal y polarización, el 16% responsabilizara al gobierno de Boric. Tras el anuncio del 24 de marzo, en el que el Gobierno se hizo parte, la responsabilización al gobierno de Kast subió a 31% y la del gobierno de Boric a 21%. No me extrañaría que, una vez materializada el alza, estas cifras aumenten, especialmente responsabilizando a Kast, y aún más cuando el alza de este precio se traduzca en inflación generalizada.

Y es que la gente detesta la inflación. En Estados Unidos, por ejemplo, existe hace décadas un consenso sobre el rol central de la economía en la evaluación de los gobiernos (it's the economy, stupid). Tradicionalmente, este vínculo se ha asociado principalmente al nivel de desempleo. Sin embargo, la última elección —en la que Biden terminó con buenos números de empleo, pero con una inflación todavía por sobre la meta— generó debate sobre si, en realidad, a los votantes les importa más la inflación que el desempleo.

Quizás sea así. Mal que mal, mientras el desempleo tiene efectos concentrados, los precios afectan a todos y todos tenemos información de primera fuente sobre ellos: los vemos y los sentimos día a día. De hecho, un estudio de Stefanie Stantcheva (2024) para Estados Unidos muestra que la inflación produce fuertes reacciones emocionales en la mayoría de la población, especialmente estrés, desesperación, miedo y rabia, y de manera particularmente intensa entre las personas de menores ingresos. Cuando se les pregunta contra quién se dirige esa rabia, emerge un claro responsable: el gobierno.

A fin de cuentas, más allá de sus causas, los ciudadanos hoy aspiran a que los gobiernos se hagan cargo del sufrimiento. Como ha desarrollado Joaquín Trujillo, las épocas antiguas se caracterizaban por el destino, por lo inevitable; pero, crecientemente, nos hemos convencido de que no estamos regidos por fuerzas extrañas, sino que podemos gobernarnos a nosotros mismos. El gobierno y las leyes pasan a ser llamados, entonces, nada menos que a abolir la tragedia. Es una aspiración que han de tener en cuenta incluso quienes, con motivos fundados, buscan impulsar medidas que duelen.