Velozmente, la economía chilena parece transitar desde un escenario de convergencia y moderado optimismo hacia uno de mayor complejidad macroeconómica. Hasta hace semanas, la narrativa dominante combinaba inflación en descenso, brechas de actividad prácticamente cerradas y una expansión del PIB algo por encima de su nivel tendencial. El último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central reporta que el cuadro ha cambiado de forma relevante.

La lectura del IPoM permite identificar al menos dos elementos que explican los vientos de ajuste. En primer lugar, la situación externa. Las persistentes tensiones geopolíticas y bélicas entre Irán, Israel y Estados Unidos han sido una fuente inesperada de incertidumbre global, con impactos significativos sobre un producto esencial: el petróleo. Durante las últimas semanas, su valor ha sobrepasado los US$ 100 el barril (en los últimos cierres, ha estado cercano a los US$ 93), lo que ha tenido consecuencias globales que han incluido derrumbes bursátiles y ajustes en los indicadores de actividad de parte importante del planeta.

Para una economía pequeña y abierta, este entorno implica un deterioro en los términos de intercambio energéticos y un aumento en la volatilidad de precios clave. Así, en lo inmediato y local, la fuerte alza del petróleo introduce un shock de costos que reconfigura la trayectoria inflacionaria del país. De este modo, de acuerdo con el Banco Central, el proceso de convergencia a la meta de 3% se postergaría. En particular, la inflación total enfrentaría un repunte hacia niveles cercanos a 4% en el corto plazo, impulsada por el encarecimiento de los combustibles desencadenado por la guerra y por la decisión del Ejecutivo de modificar algunos de los parámetros del Mecanismo de Estabilización (Mepco). Las próximas semanas serán decisivas para evaluar si esta decisión fue adecuada desde un punto de vista técnico (respecto, por ejemplo, de la opción de haber utilizado recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social) y político (la caída en la aprobación del Gobierno ha sido importante). Así, aunque estos efectos se proyectan acotados en el tiempo, introducen un desafío adicional para la conducción de las políticas fiscal y monetaria.

En el plano interno, el ajuste del gasto fiscal y el menor desempeño de la minería refuerzan este cambio de escenario. Las proyecciones de crecimiento se corrigen a la baja, reflejando el menor impulso externo, pero también una política fiscal más contractiva. Específicamente, mientras en el IPoM de diciembre el Banco Central anticipaba una expansión del PIB para 2026 en el rango de 2 a 3%, en su último informe se estima un crecimiento entre 1,5 y 2,5%. Similar cifra se aplica para 2027 y 2028 (en estos casos no hubo modificación). Este es un ajuste que no debe ser obviado por la administración del Presidente Kast. La configuración de una agenda políticamente factible que apunte a potenciar el crecimiento es ahora aún más necesaria.

Para el diseño de tal agenda, comprender los factores del menor crecimiento para 2026 es fundamental. Por una parte, si bien el consumo privado ha mostrado resiliencia (cae la estimación de crecimiento desde 2,5% a 2,2%), el Banco Central indica que el ajuste estimado del gasto público de US$ 3.800 millones tendría un impacto significativo sobre el consumo del Estado, lo que explica la caída en la predicción de crecimiento del consumo total, desde 2,7% a 1,8%. Adicionalmente, aun cuando la inversión mantiene dinamismo en sectores específicos, las cifras dan cuenta de cierta moderación en el margen: la expansión de la formación bruta de capital pasa de 4,9% a 4%. De concretarse estos números, la relación entre inversión y producto se mantendría casi inalterada este año, con las consiguientes implicancias sobre nuestro producto tendencial.

En definitiva, la economía chilena enfrenta un escenario menos favorable: mayor inflación transitoria y menor crecimiento esperado. A esto se suman las nuevas alertas fiscales (gasto y deuda pública) del más reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo. En este contexto, la política económica deberá operar bajo un marco de mayor incertidumbre, donde la evaluación de escenarios alternativos y la capacidad de reacción serán determinantes para asegurar un real cambio de rumbo.