El ministro Quiroz ha decidido adoptar decisiones que es difícil desafiar desde el punto de vista de la racionalidad económica. Desde luego, no es sensato esperar que Chile esté inmunizado contra el alza de los precios de un bien que debe adquirir en los mercados internacionales. Luego, el problema no es el alza del precio, sino si es posible mitigar su mayor coste, como se había hecho hasta ahora, con cargo a rentas generales mediante subsidios. La respuesta del ministro es que no es posible. Como un subsidio general a los combustibles beneficia indiscriminadamente a todos, a pobres y a ricos, no parece sensato sostenerlo si con ello se sacrifican otros bienes socialmente relevantes. En otras palabras, si los recursos escasean, parece correcto elegir bien en qué gastarlos: focalizarlos, hasta donde eso es posible, en quienes más los necesitan.

Es el viejo tema con que Samuelson enseñaba el coste de oportunidad: elegir entre cañones o mantequilla.

En política, y más todavía en política económica, cuando se elige algo se sacrifica algo también.

Es el retorno de la racionalidad económica.

En las décadas inmediatamente anteriores, es difícil encontrar un momento semejante, es decir, un momento en que la racionalidad estrictamente técnica se imponga, al menos en lo inmediato, por sobre cualquier consideración de esas que suelen llamarse políticas. Estas últimas consisten en atender a las consecuencias que una medida produce en la adhesión al gobierno, en la sensación de legitimidad o en la popularidad de las fuerzas oficialistas.

Lo que cabe entonces preguntarse es cuál es el significado que, desde el punto de vista de la esfera pública, posee este momento.

Es probable que ese retorno a la racionalidad económica (entendiendo por tal, cabría insistir, la racionalidad neoclásica) y el abandono de la racionalidad política en el sentido que se acaba de indicar esté configurando una cierta “épica del orden o del sacrificio” como parte de la identidad simbólica del Gobierno.

Esa épica consistiría en adoptar decisiones difíciles, o que se presentan como tales, acompañadas de una actitud estoica, de un cierto ascetismo, de una cierta disposición a aceptar el coste que esas decisiones acarrean. La virtud como la capacidad de asumir el dolor. La “épica del cambio o de la transformación” que habría inspirado al gobierno del presidente Gabriel Boric estaría siendo sustituida por una “épica del estoicismo”; la ideología con tintes utópicos estaría siendo reemplazada por una ética de lo que Escrivá de Balaguer llamaba el deber de Estado: las obligaciones impuestas por el rol o posición o, más coloquialmente, la virtud del trabajo que produce displacer.

El problema de ese diseño, o de esa fisonomía que se está configurando, es que a poco andar se mostrará poco realizadora. Un gobierno, o un proyecto político, es difícil que se sostenga en el mediano plazo sobre la base de una “ética de las decisiones difíciles”. Las sociedades, como las personas, no pueden vivir del mero ascetismo, requieren que se les formulen objetivos ambiciosos que despierten la voluntad, no solo bajo la forma de animal spirits. También, o sobre todo, apetecen objetivos que configuren a la comunidad política como una empresa colectiva que persigue el futuro y que no solo espera remendar lo que se juzga como errores del pasado.

Carlos Peña

Columna escrita para El Mercurio de Valparaíso.