Más allá de su sustento técnico, la decisión del Gobierno de modificar los parámetros del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles y dar lugar a las mayores alzas en 46 años constituye una apuesta política de inmenso riesgo, que incluso puede comprometer parte de su ambiciosa agenda económica. Las filas de automóviles en las bencineras de todo el país dan cuenta del impacto de la medida en el ciudadano común, y en particular en esa clase media que depositó sus esperanzas en esta administración. Mientras, una oposición irresponsable no disimula su intento por hacer de esta coyuntura dramática una oportunidad política.

Técnicamente, lo que el Gobierno ha hecho es modificar, vía decreto, los parámetros que rigen el Mepco, disminuyendo el tiempo en que los cambios en el precio internacional de los combustibles se traspasan a los precios domésticos. En la práctica, el decreto publicado el lunes ajusta la forma en que se calcula el precio de paridad con que se ancla el mecanismo, y con eso disminuye el subsidio a otorgar; ello debería evitar también aumentos mayores de impuestos si en el futuro el precio cae con rapidez. El ministro Quiroz anunció además otro decreto que, utilizando los espacios que da la ley, permitirá en definitiva el severo reajuste de tarifas, del orden de los $370 por litro para la bencina de 93 octanos y de $570 a $580 para el diésel. Junto con ello, se entregará una serie de compensaciones a sectores afectados, como el congelamiento de la tarifa del Transantiago, la rebaja de la parafina y un bono para taxistas y colectiveros, entre otras medidas, algunas incluidas en un proyecto que el Congreso ya tramita.

El razonamiento que hay tras esta decisión es inobjetable desde un punto de vista técnico. En efecto, aunque la volatilidad en el precio de los combustibles es un tema sensible en la economía, por su impacto no solo en el transporte particular y colectivo, sino en todo el sistema de transporte de carga, así como en los procesos industriales, es inevitable que los cambios en precios internacionales se manifiesten domésticamente. Más aún, lo deseable desde un punto de vista de eficiencia económica es que no se produzcan distorsiones en los precios internos de un bien cuyo valor internacional ha subido en gran magnitud; ello es lo que asegura un uso adecuado de los recursos, asumiendo el mayor costo que para el país como un todo representa ese bien. Asimismo, el costo fiscal del Mepco es hoy significativamente alto y claramente existen usos alternativos mejores y de mayor impacto social para los miles de millones de dólares que implica seguir subsidiando la bencina. En otras palabras, hay razones de eficiencia económica y de responsabilidad fiscal que justifican la decisión. Más aún, no tiene sentido que el esfuerzo que hoy realiza el Ejecutivo para disminuir en 3% los gastos a través de todo el gobierno central, termine sirviendo para financiar un subsidio al combustible.

Con todo, cabe la legítima pregunta de si la forma en que se decidió actuar —una verdadera terapia de shock— era la única posible y si, aun en la escuálida situación fiscal que heredó esta administración, no había espacios para una mayor gradualidad. No menos pertinente es la interrogante respecto del impacto de esta medida en la viabilidad de otras iniciativas del Ejecutivo. Existe, por ejemplo, transversal acuerdo técnico en la necesidad de recuperar nuestra competitividad tributaria, reduciendo las tasas del impuesto de primera categoría a niveles comparables con el promedio OCDE. Sin embargo, en estas circunstancias, el discurso contra “bajarles los impuestos a los ricos”, falso y demagógico como es, puede tener alta eficacia política.

Cabe esperar que La Moneda haya evaluado estos riesgos y que la autoridad se despliegue no solo para explicar a la ciudadanía las razones de este paso, sino para discutir con empatía y flexibilidad fórmulas compensatorias eficaces. En otras palabras, urge ir más allá de lo técnico y entender el alcance político de la situación. Máxime, cuando la oposición ya está recurriendo al consabido arsenal de la demagogia para reaccionar, olvidando que si alguien es responsable del escaso margen que hoy existe para atenuar y compensar el alza internacional de los combustibles, es el gobierno de Gabriel Boric, que drenó a casi la mitad los fondos de que disponía el Estado para abordar emergencias como esta.