El nivel de expectación por las medidas económicas anunciadas por las nuevas autoridades para enfrentar el desafío de control del gasto público no fue en vano. El ministro cumplió y sorprendió con varias medidas que no habían estado sobre el tapete en los meses previos.

A medida que se avanzaba en las medidas, de fondo sonaba en mi cabeza el famoso estribillo de “Un año más” de la Sonora Palacios (“son quince, son veinte, son treinta...”).

Por una parte, la reducción general del gasto de 3% del PIB. No pude dejar de recordar “Un año más” y el paso del tiempo, y el recorte fiscal del 1% del PIB anunciado otro verano hace una década por el entonces ministro Valdés. En esa oportunidad, la medida se ejecutó pese a los remezones que ello implicaba para varias reparticiones públicas. El desafío autoimpuesto por el ministro Quiroz es tres veces el de Valdés, pero en lo inmediato, posiblemente más sencilla de poner en marcha. A diferencia del 2016, el actual ministro dispone de la ventaja de no enfrentarse con stakeholders internos que resientan cortar líneas de gasto de su interés, ya que las nuevas autoridades aún no las han tenido en su esfera de control como para llegar a resentir demasiado su eventual pérdida. Pero esa ventaja puede no bastarle al ministro para implementar la medida cómodamente. Por una parte, enfrentará a los stakeholders directamente afectados por el recorte fiscal (no las autoridades amigas). Por otra, si yerra en su cálculo para compensar el menor gasto fiscal en la demanda agregada con las medidas procrecimiento, los recortes corren el riesgo evidente de terminar siendo contractivos. Ello, levantará otros afectados, quienes no trepidarán para ponerle trabas al recorte.

También llamó la atención las propuestas en las políticas de financiamiento de la educación superior (CAE y gratuidad).

Cobrarles a los morosos del CAE supone un desafío de realizar una obligación que ya tiene la administración. El implícito de la medida es suponer que existe la facultad de no ejecutar la morosidad por la Tesorería General de la República (o el Consejo de Defensa del Estado en tribunales). En mi cabeza, cobrar a los morosos no tiene nada de nuevo, ni nada de revolucionario.

Pero mi mayor sorpresa fue la propuesta de reducir el acceso a la gratuidad a personas mayores de 30 años en Instituciones de Educación Superior (IES), es decir, en Centros de Formación Técnica —CFT—, Institutos Profesionales —IP— y en universidades —Ues—. El único argumento esgrimido fue que la medida estaba en la propuesta de la Comisión Marfán y un estudio de la FNE. Ambos elementos, cuando más, pueden ser considerados insumos en una discusión, y no verdades reveladas.

¿Qué ha pasado con la matrícula en la educación superior en estudiantes mayores a 30 años desde que se implementó el CAE (2006) y la gratuidad (2016)?

Por una parte, hubo un aumento de la matrícula total en Ues de 45% entre el 2007 y 2025. Pero el grupo de estudiantes mayores de 30 años en Ues ha permanecido estable en el tiempo, representando entre 9% y 10% en todos los años desde 2007, lo que muestra que no se han expandido como grupo, ni como resultado de la gratuidad, ni como resultado del CAE en Ues.

Otra historia ocurre en IP, los que han aumentado su matrícula en casi 200% desde el 2007, y el grupo de estudiantes mayores de 30 años pasó de representar el 10% en 2007 (con CAE) al 37% en 2025 (con CAE y gratuidad). Algo parecido, aunque menos pronunciado, ha ocurrido con la matrícula de los CFT y sus estudiantes mayores de 30 años.

O sea, el problema de sobregasto en estudiantes mayores de 30 años no es generalizado. Se concentra en los IP y CFT y no en Ues. No se trata de “quince, veinte o treinta”. Se trata de qué estudian y dónde lo hacen. De hecho, la IES que más absorbe gasto en gratuidad corresponde a un IP (DUOC).

Antes de decidir discriminar por edad en el acceso a la gratuidad (o CAE) a educación superior, la autoridad debe conocer el origen de las conductas dispares entre Ues y el resto de IES en el reclutamiento de estudiantes mayores de 30 años. También debe comprender las trayectorias vitales de quienes se enrolan a partir de los 30. Restringir el gasto bien requiere evaluar la eficiencia y equidad de imponer diferentes requisitos al acceso, tales como mínimos académicos (PAES), o nivel socioeconómico, y no solo edad.

Así las cosas, la medida no pinta bien, y nuevamente se me viene el sonido de fondo: “Un año más, que se va”.

Bernardita Escobar Andrae