Una serie de informes de fiscalización de la Contraloría han desnudado la realidad de diversos servicios regionales de Aduanas. Los hallazgos son impresionantes y llevan a preguntarse en qué pudieron estar pensando las autoridades encargadas de la seguridad pública que no adoptaron las medidas para garantizar mínimamente el control efectivo del tráfico de mercancías a través de las fronteras, sobre todo en el tantas veces evocado contexto de la criminalidad organizada internacional. Los informes comprenden el período que va desde enero de 2024 hasta marzo de 2025.

En Coquimbo, Guayacán y Puerto Chungo, la cantidad de fiscalizaciones efectuadas equivale al 0,0007% del total de exportaciones, lo cual, indica la Contraloría, se debe en parte a una dotación de personal completamente insuficiente. En diversas aduanas se constató también la ausencia de un registro sistematizado y estandarizado de las incautaciones efectuadas, lo que permite el deterioro o incluso la sustracción de las especies, muchas veces almacenadas en condiciones lamentables. Así, en Osorno se advirtió la “existencia de bolsas y bultos con mercancías en el suelo, con roturas por mordeduras de roedores y hojas preimpresas como etiquetas de las especies; registro de inventario en hojas sueltas; mercancías que correspondían a incautaciones ejecutadas desde el año 2008 en adelante”. En el caso de los vehículos incautados, se encontraban a la intemperie, dañados por efecto del clima.

En igual sentido, se detectaron fallas en los procedimientos de denuncia, de tal manera que estas llegaron a estar entre 187 y 527 días sin ser ingresadas. En Antofagasta, denuncias por contrabando que deben ingresarse en 72 horas de acuerdo con la normativa tenían retrasos de hasta 378 días. Lo anterior está asociado posiblemente a problemas de dotación, pero también a una gestión inadecuada del personal. Por ejemplo, en el período analizado se programaron 615 funcionarios para turnos en el Puerto de Arica y Complejo Fronterizo Chacalluta, “de los cuales solo asistieron 510, registrándose 105 inasistencias, de los cuales 55 fueron reemplazados, por lo que quedaron 50 turnos sin cubrir”. Por otro lado, “se comprobó que la Dirección Regional Aduana de Antofagasta no cuenta con un procedimiento formal para detectar y prevenir conflictos de interés entre sus funcionarios y los agentes de aduana, importadores y exportadores. Esta ausencia incrementa el riesgo de vínculos incompatibles con la función pública, afectando la transparencia y probidad”.

Un capítulo por sí mismo es el escasísimo uso de los equipos de fiscalización no invasiva y detección de drogas, así como la ausencia de programas para su mantención y actualización de software. En Coquimbo, no existe un registro automatizado o manual que asegure la trazabilidad de las fiscalizaciones, ni un programa de mantención preventiva y un procedimiento que regule la distribución del equipo, “lo que aumenta el riesgo de uso inadecuado, subutilización o manipulación no registrada, además de dificultar la verificación de responsabilidades frente a eventuales irregularidades”. En Arica, el equipo más relevante —“adquirido para optimizar la fiscalización y reducir tiempos de revisión manual”— solo fue utilizado 85 días en un lapso de 15 meses. En Antofagasta, “el equipo Scanner móvil —utilizado principalmente para la inspección de maletas, paquetería y carga paletizada para el apoyo en procedimientos de fiscalización para la detección de armas, explosivos, drogas, entre otros— no estuvo operativo durante 311 días, entre enero de 2024 y marzo de 2025”.

Por si fuera poco, se verificaron deficiencias elementales en las medidas de control del paso fronterizo San Francisco (Chañaral), “dado que la barrera de detención vehicular se encontraba ubicada a un costado del complejo” y “no existía ningún elemento que indicara a los vehículos la obligación de detenerse”. Adicionalmente, “se observó la existencia de un segundo camino habilitado, denominado ‘La Puerta', que conecta la ciudad de Copiapó con la frontera argentina, ruta que permite evitar el control aduanero”.

Los informes hablan por sí solos. El Servicio de Aduanas está muy por debajo del estándar que exige la crisis de seguridad por la que atraviesa el país.