La seguridad personal y el orden público angustian particularmente a la población. Ello está estrechamente vinculado con la rápida penetración del crimen organizado y el narcotráfico, que elevó las cifras de crímenes violentos como homicidios y secuestros, y también impactó sobre la delincuencia habitual, tornándola más violenta e inesperada. Inevitable es así que aumente el temor ciudadano a ser víctimas de delitos.

En efecto, la población lleva ya mucho tiempo sosteniendo, por un lado, que su principal preocupación es el control de los delitos y, por otro, que las respuestas de los distintos gobiernos no han estado a la altura. La actual administración hizo de este un punto central de la pasada campaña, y si la idea de gobierno de emergencia concitó eco, fue particularmente por el clima de inseguridad que se percibe. Por lo mismo, creó altas expectativas y su cumplimiento es un enorme desafío. Los primeros días han ratificado que el Gobierno no va a renunciar a satisfacer esas expectativas, pero falta claridad respecto de los pilares fundamentales de su estrategia y tampoco esta se percibe con la fuerza comunicacional que se requiere. Así, las actividades realizadas en la frontera norte, si bien efectivas y concordantes con los anuncios de campaña, no aparecen coordinadas con otras iniciativas. A su vez, y a propósito de la aprobación legal del traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, se echa de menos una definición más específica de cómo se inserta en su estrategia para frenar el crimen organizado.

Por lo mismo, es bienvenido que, en entrevista con este diario, la ministra de Seguridad esbozara algunos propósitos de su gestión. Entre otros, lograr una mayor presencia policial en las calles como factor de prevención y disuasión; la realización más frecuente de operativos conjuntos de Carabineros y de Investigaciones (y, más adelante, de la policía marítima) que se ejecuten luego de un buen análisis de datos que permita una trazabilidad más certera de personas con órdenes de detención pendientes; un fortalecimiento de la inteligencia, y un rediseño de la gestión e incluso de la infraestructura de las cárceles, para permitir un mejor control y la coordinación de la información necesaria para combatir las organizaciones criminales. La intención de desarrollar una gestión más integral de los asuntos de seguridad, como se percibe en estos lineamientos, es sin duda positiva.

Muy importante también es que la ministra haya aclarado que, en materia de levantamiento del secreto bancario, no se busca reemplazar la autorización de un juez, con peligrosas consecuencias para las garantías individuales, sino acelerar la entrega de información y definir un formato único. También anticipó un proyecto de ley que buscará que los juicios orales puedan hacerse en ausencia de los inculpados en aquellos casos en que han sido notificados y su abogado se encuentra presente. La idea requiere reflexión, por la posible afectación del debido proceso.

Por cierto, estos esbozos deben especificarse de un modo más concreto. Por ejemplo, qué significa una mayor presencia policial en las calles y cómo se materializa. Al mismo tiempo, las medidas parecen aún insuficientes para cumplir razonablemente con las expectativas generadas en la ciudadanía. Esto, mientras, en lo más coyuntural, la controversia respecto de la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la PDI y el papel jugado allí por la ministra genera inconveniente ruido.

El Gobierno será juzgado principalmente por su capacidad para reducir los temores ciudadanos y ello requiere de una estrategia bien diseñada, con sus respectivas acciones y los resultados esperados. En particular, es fundamental conocer cómo esa estrategia se diferencia de planes anteriores. De lo contrario, puede suceder que, en poco tiempo, esta administración pierda credibilidad respecto de su capacidad para enfrentar con éxito este angustiante flagelo.