Señor Director:

Se agradece la cobertura de “El Mercurio” a las evaluaciones Dipres 2026 de los programas Plan Calles sin Violencia y Plan contra el Crimen Organizado, ambos calificados con bajo desempeño. Los informes evidencian deficiencias tanto en su diseño como en su implementación.

Más allá de estos casos, cabe valorar el rol de la Dirección de Presupuestos en evaluación y transparencia fiscal. No es menor que un órgano del Ejecutivo evalúe programas del propio gobierno y haga públicos sus resultados. Ese estándar es un activo institucional que debe resguardarse.

El problema, sin embargo, no es solo evaluar, sino qué se hace con esa evidencia. La discusión sobre una institucionalidad para la calidad de las políticas públicas lleva años, y actualmente hay un proyecto de ley estancado después del primer trámite constitucional. Como planteamos en un estudio elaborado por el Centro de Políticas Públicas 2024, el desafío no necesariamente es producir más evaluaciones, sino asegurar que estas incidan efectivamente en decisiones de política pública.

Hoy ese vínculo sigue siendo débil. Programas mal evaluados no llegan a corregirse, rediseñarse o simplemente terminarse. De esta forma, la evidencia pierde capacidad de orientar el gasto público. Sin consecuencias claras, la evaluación se vuelve un ejercicio meramente informativo.

Avanzar hacia evaluaciones autónomas, públicas y con efectos definidos no es un detalle técnico: es una condición básica para mejorar la calidad del gasto y la credibilidad del Estado.

Ignacio Irarrázaval
Centro de Políticas Públicas UC