Si bien las barras bravas y sus vínculos con la criminalidad son la gran lacra con que carga nuestro campeonato de fútbol, el fenómeno de la violencia no se detiene en el estamento profesional. En las últimas semanas, se han sumado una serie de graves hechos que encienden alarmas respecto de lo que está ocurriendo en el fútbol amateur.

Una de las situaciones más impactantes fue el homicidio del jugador Nicolás Vidal durante incidentes entre barras en un partido que se disputaba en Llolleo, Quinta Región. Vidal no jugó ese día por su club, Estrella Roja, sino que asistió como público, pero fue atacado con disparos que le costaron la vida. Compañeros de equipo afirman que en los días previos al encuentro habían recibido amenazas de la hinchada rival. El principal imputado por el crimen, ya detenido, contaba con un amplio prontuario delictual e incluso habría asistido ese día al partido llevando tobillera electrónica.

Otro hecho que marcó el verano fueron las amenazas recibidas por la alcaldesa de Lo Espejo, luego de decretar la demolición de un inmueble en su comuna que habría estado siendo usado para diversas actividades criminales, incluido el narcotráfico. El lugar correspondía a la sede del club deportivo Polonia (antes conocido como Juventud Varsovia), de larga historia en la comuna; un ex director técnico al que se le atribuyen vínculos con el narco es señalado como quien estaría tras las amenazas contra la edil.

Finalmente, en la violenta jornada del jueves de la semana pasada, un tío y su sobrino, ambos jugadores del club Legua Juniors, fueron asesinados a balazos, con múltiples disparos, en esa población. Una de las hipótesis que se indagan apunta a una disputa entre bandas por el control territorial del área.

Evidentemente cada uno de estos hechos debe ser investigado en profundidad, pero no cabe cerrar los ojos frente a la realidad de violencia de que dan cuenta ni eludir las preguntas que plantean. El deporte amateur tiene un especial valor social y debiera constituir un espacio seguro, una actividad que pueda desarrollarse sin que sus participantes —jugadores e hinchas— queden expuestos a delitos y a ser agredidos, arriesgando incluso su vida. Aún más compleja es la posibilidad de que —como sugiere especialmente el caso de Lo Espejo— grupos criminales estén usando a las organizaciones deportivas barriales para sus propios fines y asentando por esa vía su poder de control. La capacidad del crimen organizado para penetrar y corromper en su beneficio los más distintos ámbitos de la vida social hace de esta una hipótesis altamente plausible. El nuevo gobierno, que ha definido la seguridad pública como su mayor prioridad, debiera prestar también atención a este fenómeno.