La gratuidad universal en Chile nació con una intención justa: ampliar el acceso a la educación superior. A diez años de su implementación, y con un costo proyectado de US$ 2.500 millones para 2026, es imprescindible evaluar si la política logra sus fines o si genera efectos contraproducentes.

El primer problema es el costo directo y su costo de oportunidad. US$ 2.500 millones anuales son recursos fiscales permanentes que compiten con salud, educación escolar y preescolar. Destinar amplios recursos a cubrir matrículas universales implica renunciar a intervenciones tempranas que, según evidencia internacional, tienen mayor impacto en la equidad intergeneracional que subvencionar aranceles a quienes ya están en condiciones de acceder.

Segundo, la gratuidad sin focalización diluye incentivos y riesgo moral. El fin parcial de mecanismos contributivos como el CAE, sin una alternativa que promueva compromiso y selección eficiente, favorece decisiones menos cuidadosas por parte de algunos estudiantes y una asignación de recursos menos eficiente para el Estado. La gratuidad también genera incentivos a engañar al Estado por medio de subdeclarar ingresos con todo tipo de artimañas. Además, estudios como Bucarey (2018) muestran que la mera eliminación del arancel no es suficiente para asegurar permanencia académica: la preparación previa y el acompañamiento son determinantes para la retención.

Tercero, evidencia empírica reciente fortalece la crítica sobre efectos limitados en equidad y persistencia. Espinoza et al. (2022) demuestran que eliminar aranceles no garantiza la persistencia de estudiantes vulnerables: la deserción se explica mayormente por brechas académicas y falta de apoyos no financieros. Martín (2024), y otras investigaciones comparadas con experiencia del Reino Unido, indican que la expansión del financiamiento sin criterios de focalización ni exigencias de calidad tiende a beneficiar en proporción mayor a cohortes de clase media y alta, reproduciendo o incluso aumentando la segregación socioeconómica en el sistema universitario.

Cuarto, la ampliación universal puede profundizar la segregación institucional. Sin transferencias condicionadas a mejora de resultados o a admisión de estudiantes vulnerables, las universidades de élite mantienen su selectividad y las privadas lucrativas capturan recursos públicos sin cambiar prácticas de acceso. Resultado: más recursos para instituciones que no reducen la segregación territorial y social.

Quinto, el riesgo de caída en calidad es real. El arancel regulado generó un déficit financiero crónico en muchas instituciones: ingresos limitados dañan la infraestructura, impiden la renovación de laboratorios y restringen la contratación y retención de buenos profesores. Para cubrir esos déficits presupuestarios, las universidades aumentan la matrícula todo lo permitido, generando un efecto del tipo “trickle-down” en la calidad de los alumnos seleccionados, abren carreras nuevas y de rápida generación —a menudo de dudosa calidad y escasa pertinencia laboral— que requieren menos inversión por estudiante, pero inflan la matrícula y los ingresos, cubriendo el déficit a costa del valor académico.

Aumentos rápidos de matrícula financiados universalmente, sin mecanismos claros de evaluación y rendición de cuentas, amplifican estas dinámicas; la presión sobre planta docente, infraestructura y supervisión académica deterioran la calidad promedio, afectando empleabilidad y el retorno social de la inversión pública.

Finalmente, la gratuidad universal no ha garantizado mayor matrícula entre los más desfavorecidos, porque las barreras principales son académicas y de costo indirecto (manutención, transporte), además de información y capital cultural. Por eso, recursos universales terminan subsidiando a quienes ya accederían, sin atacar las causas estructurales de la desigualdad educativa.

Propuesta mínima: reorientar parte de la inversión hacia subsidios focalizados a ingresos bajos, becas condicionales a rendimiento, fortalecimiento técnico vocacional; destinar grandes sumas de dinero a educación escolar, reformar el financiamiento estudiantil para equilibrar responsabilidad individual y protección social; y condicionar transferencias a mejoras verificables en calidad y equidad.

Gastar US$ 2.500 millones al año en gratuidad sin estas correcciones es una apuesta cara que perpetuará la segregación y seguirá deteriorando la calidad educativa en vez de construir movilidad social. Chile necesita educación de calidad y no millones de graduados de baja productividad y universidades que funcionan como propedéuticos de alto costo.

Felipe Balmaceda
Economista