La salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa, junto al nombramiento de ministros técnicos en carteras como Hidrocarburos y Energía, marcan una nueva etapa del gobierno, y constituyen una señal de alerta a toda la vieja guardia chavista de que Delcy, amparada en el poder que le da el reconocimiento de Washington a su gobierno, no teme remecer, con cautela, la estructura que dominó Venezuela durante un par de décadas. Padrino era una figura molesta para la presidenta, por su ascendiente político y por el control que tenía sobre la fuerza militar, ganado con las dádivas que les dio a los uniformados para manejar negocios millonarios en petróleo, minería y otros rubros. El general había sido fundamental en la consolidación del poder de Maduro y en la relación “estratégica” con Rusia, y es improbable que se sometiera dócilmente a los dictados de la nueva administración bajo la “tutela” de EE.UU. Ahora, ya fuera del cargo, Padrino podría verse enfrentado al pedido de la justicia norteamericana, que lo acusa de “conspiración para distribuir cocaína en EE.UU.”, de narcoterrorismo y corrupción. También pesan sobre él sanciones por violaciones de derechos humanos.

El reemplazo de Padrino por Gustavo González, exjefe de inteligencia, no es una señal de apertura o democratización del régimen. Sus antecedentes como director del Sebin, el temido servicio de inteligencia venezolano, lo ubican entre los personajes más oscuros de la dictadura, sancionado por Estados Unidos ya en 2015 por su responsabilidad en la represión de las protestas del año anterior. Según Human Rights Watch, la designación de González “mantiene intacta la estructura represiva y recompensa a alguien que debería ser investigado por graves violaciones de derechos humanos”.

Su nombramiento, en todo caso, se debe en buena parte a la confianza que le tiene la presidenta encargada, por la cercanía que tenía con Maduro y porque puede ser un militar que le haga contrapeso a Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior y obstáculo para cualquier intento de democratización en el país. El poder de Cabello radica en su control sobre los servicios de seguridad y los “colectivos” bolivarianos que sembraron el terror por su papel en la represión de los opositores en las protestas. Bajo las nuevas condiciones dictadas por Estados Unidos, es improbable que Cabello pueda ejercer su cargo de la misma forma en la que estaba acostumbrado, e incluso que quede impune de sus tropelías, pero hasta el momento Washington no ha activado medidas en su contra. El ministro, inmerso en una realidad paralela, todavía lanza bravatas como que “el chavismo no está acorralado” o que “nadie ni nada podrá derrotar la revolución bolivariana”.

El petróleo, clave de la ecuación

Puede que la aparente libertad con la que Delcy Rodríguez maneja por estos días la política venezolana no sea más que un espejismo, reflejo de que Donald Trump tiene que resolver problemas más urgentes que la democracia en Venezuela. En momentos en que el estrecho de Ormuz concentra las preocupaciones no solo de la Casa Blanca, sino de los gobernantes de todo el mundo, por las consecuencias nefastas que está teniendo la guerra de Irán sobre el precio de los combustibles, más que un cambio de régimen en Caracas, Trump necesita el flujo de crudo venezolano para reducir el impacto en el bolsillo de los norteamericanos. De cara a las elecciones de noviembre, una nueva crisis petrolera no es una buena noticia.

Desde el primer momento, tras la captura de Maduro, Trump dejó en claro que su interés principal era el acceso a los hidrocarburos, y lo consiguió muy rápido, al aceptar Caracas acuerdos para la llegada de inversiones extranjeras. Si bien las compañías norteamericanas, excepto Chevron, no han corrido a explotar los yacimientos por la falta de seguridad jurídica persistente en el país, sí se ha producido un cambio en el comercio petrolero, tras el levantamiento parcial de las sanciones, primero, y más recientemente, con la autorización del Departamento del Tesoro para que las empresas compren petróleo a la estatal PDVSA. La continua visita de altos funcionarios de la administración Trump a Caracas es un indicador de la importancia que le atribuye la Casa Blanca a la apertura comercial y económica en Venezuela. Desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas, a principios de marzo, se han firmado acuerdos de inversión en el sector petrolero, de gas y electricidad. También en minería, siendo el comercio de oro uno muy relevante, con el telón de fondo de una nueva ley minera que facilitaría la entrada de capitales norteamericanos.

Mientras Trump se concentra en promover proyectos de desarrollo, poco evoluciona la situación política y humanitaria de los venezolanos. La ley de amnistía que se aprobó en febrero dio pie a la liberación de presos políticos, pero según la oposición esta ha sido lenta y poco transparente. Tampoco se vislumbra voluntad de establecer una hoja de ruta para avanzar en la urgente transición a la democracia, con la necesaria participación de una oposición que ha sido marginada en esta etapa del proceso.