No debieran extrañar el ritmo y las decisiones que está tomando el nuevo Gobierno. Más allá de mostrar coherencia comunicacional con “estamos trabajando para usted”, responde a la demanda de orden en todo sentido.

Chile pasó un largo período durante el cual se fueron desacreditando las normas, partiendo por la Constitución y siguiendo con las leyes del libre mercado, la relación entre ciudadanos y Estado, consumidores y empresas; las reglas de convivencia cívica; la autoridad en la escuela; etc.

Los debates políticos impactan no solo las grandes decisiones, también aquellas que toman millones de personas todos los días. Cuando cobrar cuentas era sinónimo de abuso; no calificar para beneficios sociales, discriminación; desalojar tomas de propiedad privada, inhumanidad; la represión de la violencia en la calle, criminalizar la protesta social, el desorden se normalizó.

La evasión del transporte público en Santiago pasó de un 15% en el 2007 a 45,8% a mediados del 2023. La curva ha ido desde entonces a la baja, pero a fines del 2025 todavía superaba a un tercio de los pasajeros. Lo que sería un escándalo en sociedades fundadas en el cumplimiento de las normas —las más desarrolladas—, en Chile es normal.

Las licencias médicas falsas tuvieron su momento estelar cuando en el 2024 la Contraloría detectó que 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país entre los años 2023 y 2024 mientras se encontraban con permiso por salud.

En educación superior también se normalizaron los fraudes. Más del 20% de los estudiantes beneficiados con gratuidad en el 2022 falsearon sus antecedentes socioeconómicos para ser beneficiados (CEP). Y mil 800 profesionales tienen su CAE moroso pese a tener ingresos mensuales sobre cinco millones de pesos.

La lista de espacios que demuestran el daño moral en el país es más larga. Si bien no se limita a la apropiación indebida de recursos públicos, engañando al sistema, cerrar espacios para ello es prioritario cuando Chile enfrenta una delicada situación fiscal. Las obviedades dan pudor, recordar que nada es gratis, sin embargo, parece necesario si terminar con los fraudes en educación superior entra en el reclamo de “afectar derechos sociales” que está levantando la oposición.

Hasta hace unos años, desafiar el orden establecido y amparar transgresiones tuvo respaldo electoral. La ciudadanía vivió las consecuencias de esa experiencia y el panorama político en Chile hoy es otro, no solo en el Ejecutivo, también en el Congreso.

Haría bien la oposición en tener presente que confronta a un gobierno elegido por una mayoría. Precipitarse acusando que se intenta “retroceder en lo avanzado” demuestra que aún no comprende las razones de su derrota. Un amplio sector de la izquierda sigue, además, anclado en una interpretación de la política donde la victimización prima sobre la responsabilidad.

Recuperar el orden no es solo una tarea administrativa o de equilibrio fiscal; es, sobre todo, reconstrucción cultural. El desafío del actual Gobierno, y la razón de su mandato, radica en reinstalar la premisa de que los derechos son inseparables de los deberes. Solo cuando la norma vuelve a ser la medida de lo cotidiano, y no la excepción elogiada, el Estado recupera autoridad moral.

La elección presidencial se definió en torno a una propuesta de orden, en el más amplio sentido. Un antídoto frente a la inseguridad, el déficit fiscal y la inmigración ilegal; un estilo en el ejercicio de las responsabilidades públicas y como base ineludible para cumplir la promesa de recuperar condiciones de prosperidad para Chile.

Después de un largo período de desorden, no suena mal.