Controversia ha generado la decisión del nuevo gobierno de retirar 43 decretos ambientales que habían sido ingresados a Contraloría por la anterior administración; entre ellos, algunos que generan alta sensibilidad, como los destinados a desarrollar acciones para proteger la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt. La primera reacción de la oposición fue denunciar que se buscaba retroceder en materia ambiental, relajando normas clave para la protección de nuestros ecosistemas. Poco ayudaron declaraciones desafortunadas de personeros oficialistas que minimizaron el valor de ciertos bienes naturales frente al mejoramiento de las condiciones materiales de la población. En efecto, los países deben buscar un equilibrio apropiado entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente, pero este no debe descansar en decisiones arbitrarias, sino en procedimientos bien establecidos. Por supuesto, siempre van a existir consideraciones políticas, pero debieran plantearse una vez que se han utilizado las herramientas técnicas y científicas que informan las consecuencias de las alternativas disponibles.

En este caso, en particular, no puede dejar de considerarse desprolija la forma en que el anterior gobierno ingresó a Contraloría alrededor de tres cuartas partes de los decretos. En efecto, algunos de ellos habían sido firmados hace mucho tiempo por las autoridades responsables, pero fueron enviados al órgano contralor solo en las últimas semanas. Otros tuvieron un trámite muy breve, enviándose en las 48 horas finales de la administración Boric. En estas circunstancias, cualquier equipo serio al que le correspondiera implementar las acciones contempladas en esos decretos querría revisarlos. Por ello, la decisión que tomaron las nuevas autoridades no debería sorprender. Se trata, por el contrario, de una actitud responsable y que se debe evaluar no a partir del retiro de decretos, sino de las decisiones que se tomen respecto de ellos. De hecho, el decreto de la ranita de Darwin fue rápidamente revisado e ingresado, y en la misma jornada la Contraloría cursó su toma de razón. Es una prueba de que lo que está haciendo la autoridad, como lo anunció, es revisar que estos decretos estén efectivamente alineados con la normativa vigente y con los necesarios equilibrios entre desarrollo económico y cuidado ambiental.

Es cierto que en las sociedades democráticas esos equilibrios se reevalúan regularmente: en ocasiones las normas se hacen más exigentes, en otras se flexibilizan frente a nueva información o a la percepción de que el balance no es el adecuado, o se mantienen sin cambios. Pero la vía para esa deliberación no son los decretos que implementan acciones que están ya normadas. Por supuesto, si ellos no se presentasen se podría evitar el cumplimiento de una norma, pero esa táctica es fácilmente detectable. En este caso, la forma en que se llevó a cabo el ingreso de la mayoría de los decretos ameritaba su revisión y todo indica que —más allá del interesado alarmismo opositor— eso es lo que está ocurriendo.