Señor Director:

Algo que ennoblece a nuestra sociedad y a nuestra tradición cultural es el respeto irrestricto a la dignidad inherente a cada ser humano en la permanente lucha por la paz, la justicia y el perdón. En nuestra visión de la justicia, ensañarse con el caído, el indefenso o el moribundo no repara ningún daño, sino que nos degrada moralmente como sociedad.

Hace apenas unos días, varias voces pedíamos simplificar la tramitación del proyecto de ley de penas alternativas. El objetivo es claro y puramente humanitario: permitir la reclusión domiciliaria a aquellas personas mayores incuestionablemente enfermas de gravedad o cuya pérdida cognitiva ya no les permite saber quiénes son ni por qué están ahí. Es fundamental que el proyecto sea claro y no deje resquicios que fomenten la impunidad de quienes no merecen el beneficio, ya que esas distorsiones darían la excusa perfecta para hundir la iniciativa.

Lamentablemente, en menos de una semana se han presentado 458 indicaciones al proyecto. Esta avalancha burocrática probablemente distorsionará la ley hasta hacerla inviable. Mantener en una celda a frágiles enfermos terminales y a quien ya no tiene conciencia de su castigo deja de ser justicia procesal y se convierte en un innecesario ensañamiento. Es momento de demostrar si nuestro sistema penitenciario se rige por la justicia y la compasión cristiana o si lo que realmente importa es el castigo por el castigo mismo.

María Alicia Ruiz-Tagle Orrego