El sistema educativo chileno enfrenta hoy una tensión crítica que obliga a la autoridad a tomar decisiones complejas. Ante el escenario de déficit en el financiamiento de leyes permanentes para el pago de subvenciones, la ministra de Educación deberá necesariamente ajustar sus prioridades. En este ejercicio de realismo, es fundamental que no se postergue un problema diagnosticado hace años: la asfixia administrativa de las escuelas.

Atender la sobrecarga burocrática no es solo una deuda pendiente, sino una herramienta de gestión estratégica; desburocratizar permitiría a la cartera ordenar y viabilizar diversos desafíos del programa sin depender exclusivamente de recursos frescos. Hoy se exige un mayor foco pedagógico, pero se mantiene a los establecimientos atrapados en una estructura de reportabilidad que impide que las políticas lleguen realmente al aula.

Lo más paradójico es que la escasez de lo esencial convive con una abundancia de lo accesorio. La evidencia es consistente: mientras estudios de Fundación Educación 2020 ya advertían que tres cuartas partes de los directivos consumían cerca de la mitad de su jornada en burocracia, un reciente análisis de Pivotes (2026) dimensiona la magnitud del desafío al identificar que los equipos deben responder a cerca de 3.000 obligaciones formales emanadas de una densa trama de leyes, reglamentos y circulares. El sistema consume tiempo y recursos valiosos en plataformas que no dialogan entre sí y reportes duplicados que rara vez se integran en una mejora sustantiva del servicio educativo.

Cada hora invertida por directores, jefes técnicos y equipos de convivencia en completar formularios redundantes es tiempo que se resta a la observación de clases, la retroalimentación docente o el acompañamiento de estudiantes. No se trata de eliminar la rendición de cuentas —pilar de la transparencia—, sino de ordenar y simplificar. Un paso concreto sería unificar el reporte de documentos como el Reglamento Interno (RICE), el Plan de Mejora Escolar (PME) y la Cuenta Pública, que hoy diversos organismos exigen cargar en plataformas inconexas; incluso, directores reportan que ante cambios de jefatura o inicios de año, deben reingresar información ya existente.

El caso del PME es ilustrativo: los medios de verificación deben prepararse simultáneamente para carpetas físicas (que la ley exige custodiar por cinco años), para la plataforma de rendición de cuentas y para presentaciones ante la Superintendencia o instancias internas. Cabe preguntarse quién lee realmente este volumen de documentos y cuánto aportan al aula. El sistema declara el aprendizaje como prioridad, pero organiza su energía en torno a la burocracia.

Esta tensión es dramática en el ámbito de la convivencia escolar. Recientemente, un director de un liceo en Puente Alto relataba en este diario cómo su equipo debió elaborar, en pocos días, informes de cientos de páginas ante denuncias en la Superintendencia de Educación, incluso cuando estas carecen de fundamento. Lo alarmante es que, aunque la ley faculta a la Superintendencia para sancionar denuncias manifiestamente infundadas (Art. 65, Ley 20.529), esta atribución es letra muerta. De las 142.035 denuncias recibidas desde 2014, no se ha aplicado una sola multa bajo este concepto, argumentando la inexistencia de una clasificación para casos sin fundamento.

La solución no reside necesariamente en dictar nuevas leyes, sino en la coherencia institucional. Simplificar procesos, integrar plataformas y reducir reportes redundantes permitiría liberar el talento humano para lo que realmente importa: el bienestar y el aprendizaje. Desburocratizar no es bajar los estándares; es permitir que el liderazgo escolar recupere su esencia pedagógica. Si el aula es realmente el centro, el sistema debe organizarse en consecuencia.

Florencia Mingo
Directora ejecutiva Fundación Impulso Docente Bernardita Yuraszeck
Presidenta ejecutiva Fundación Impulso Docente