Señor Director:

Hace más de tres años fuimos víctimas de un ataque terrorista en Contulmo, provincia de Arauco, un hecho de gran gravedad que tuvo amplio impacto nacional y que marcó profundamente nuestras vidas. Desde entonces, hemos debido enfrentar no solo las consecuencias personales de lo ocurrido, sino también un proceso judicial largo y complejo, que ha implicado tiempo, recursos y un profundo desgaste.

El reciente fallo por el asesinato de los tres carabineros en Los Álamos, en la misma provincia, demuestra que la justicia puede avanzar ante estos delitos de extrema violencia. Prueba de ello es que el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró culpables a los imputados el 3 de marzo de este año.

En este contexto, hoy nos encontramos ad portas de una etapa decisiva, como lo es el juicio penal por nuestro caso, donde esperamos que los más de 20 imputados que se encuentran en prisión preventiva sean efectivamente condenados con las máximas penas que la ley contempla para este tipo de delitos atroces. Luego, deberá continuar el proceso civil, instancia clave para establecer también las responsabilidades que correspondan al Estado frente a hechos de esta naturaleza.

Lo que vivimos no es un hecho aislado, ya que refleja la realidad que afecta desde hace años a toda esta zona del país. Por ello, lo que está en juego no es solo un proceso individual, sino la forma en que el Estado enfrenta delitos de esta magnitud y garantiza seguridad, protección y respaldo efectivo a las víctimas. Resulta esencial que los procesos judiciales cuenten con apoyo institucional del Estado y que jamás se permita que las víctimas queden expuestas a la incertidumbre, la falta de acompañamiento o, peor aún, al olvido.

Karin Grollmus
Jürgen Grollmus