De acuerdo con los datos del INE, el promedio mensual de personas desempleadas alcanzó las 750 mil durante 2022 (nov.-enero 2021 a nov.-enero 2022). Similar cálculo para 2025 llega a las 875 mil, un incremento de 16,4% respecto del primer año de la administración del expresidente Boric. Es un aumento significativo, más aún considerando que la fuerza de trabajo promedio mensual entre los mismos años solo creció 6,9%. Así, el retroceso del mercado laboral es evidente. Los 37 trimestres móviles con tasas de desempleo de 8% o más —entre las mujeres se acumulan 48 meses— son testimonio de la precariedad.

Parte importante del problema se puede explicar por la relación estructural entre bajo crecimiento económico y creación de empleo. Por de pronto, más allá de los ajustes marginales realizados por el Banco Central sobre las estimaciones del PIB, el bajo dinamismo ubicó al gobierno anterior en la penúltima posición en el ranking de desempeño económico desde 1990, solo superado por la segunda administración Bachelet. La radicalidad de una agenda que afortunadamente no se concretó del todo estuvo tras ese resultado.

Pero en materia laboral los cambios sí fueron sustantivos. La reducción de la jornada, una reforma de pensiones que incrementó la cotización e instauró un nuevo componente de reparto, una batería de leyes que han aumentado las tensiones dentro de las empresas y un aumento continuo e injustificado (desde el punto de vista de la productividad) del salario mínimo son algunos de los elementos institucionales que han ralentizado la contratación. De hecho, un reciente estudio del BID da cuenta de ello. Si bien su texto es ambiguo y algo confuso —fue preparado a petición del Ministerio de Hacienda en junio de 2025 y publicado en febrero pasado—, su último párrafo indica que, producto del aumento del salario mínimo, “comienzan a vislumbrarse indicios sugestivos de impactos negativos sobre el empleo formal, particularmente en las comunas más expuestas (a dichos aumentos) y, dentro de estas, entre los trabajadores formales de menores ingresos”. Esto viene a complementar la evidencia ya presentada por el Banco Central en cuanto a los efectos sobre las empresas de menor tamaño.

Frente a esta realidad, el sentido de urgencia de las nuevas autoridades económicas respecto de la necesidad de recuperar la capacidad de crear empleo es bienvenido. Sin embargo, será una tarea no libre de complicaciones, tanto políticas como técnicas.

En lo político, si bien los detalles de la estrategia aún no se conocen, la idea de incorporar una batería de medidas proempleo a una ley miscelánea cuyo objetivo central sería la reconstrucción del Biobío puede dar lugar a controversias que atrasen la discusión. Así, ante la necesidad de implementar con rapidez una agenda laboral robusta, el Gobierno deberá evaluar la fórmula legislativa más eficaz.

En cuanto a lo técnico, el detalle de las iniciativas también requerirá atención. Parece positiva la idea de un subsidio al empleo formal. Chile ha implementado antes versiones de este concepto, si bien no siempre con los resultados esperados. Evitar la burocracia, enfocarlos en los grupos más afectados por el encarecimiento del empleo formal y asegurar un atractivo financiero para todas las partes son piezas clave para el buen resultado de este tipo de subsidios. En cambio, un diseño demasiado amplio, que incluya, por ejemplo, beneficios a trabajadores ya contratados (stock), puede terminar significando un alto costo para el Estado, un mínimo impacto en creación de puestos de trabajo y una confusión entre programas proempleo y aquellos de alivio tributario a las empresas.

Por la profundidad del problema laboral, la agenda debería además incluir medidas asociadas a la urgente modernización del Sence, la flexibilización de algunos de los parámetros tras la reducción de la jornada laboral y ajustes a la reforma previsional, junto con cambios de enfoque en la Dirección del Trabajo y en las superintendencias de Seguridad Social y de Pensiones.

En definitiva, tras años de estancamiento, es valorable el ímpetu de las nuevas autoridades y será interesante observar si logran combinar exitosamente técnica y política para implementar un plan que revitalice el mercado del trabajo.