En gran parte del mundo avanzado los estudiantes universitarios cursan una licenciatura que se prolonga por tres o cuatro años. Alrededor de un 64% de estos graduados se queda solo con este grado. Un poco menos de un tercio vuelve a la universidad a cursar un magíster o proseguir estudios de doctorado. Un 4% obtiene un grado profesional. Estos son de distinta naturaleza e incluyen desde los licenciados en ciencias de la ingeniería que se certifican profesionalmente hasta quienes prosiguen estudios como derecho o medicina. No es raro que los licenciados obtengan más adelante certificaciones específicas, vinculadas a sus trayectorias laborales particulares, sin que constituyan grados. Esta descripción no representa a todos los países desarrollados, pero refleja los modelos más habituales.

Esta aproximación a la formación universitaria presenta enormes ventajas. Por un lado, reconoce que la formación inicial debe ser más breve y apuntar a desarrollar habilidades que son útiles en distintas trayectorias laborales. Por supuesto, también incluye alguna especialización, pero solo en las competencias fundamentales de la disciplina elegida. Por otro, vislumbra que la incorporación al mundo del trabajo entrega un conjunto adicional de destrezas en cuyo desarrollo la universidad no tiene ventajas comparativas. Por supuesto, puede complementarlas con los certificados o posgrados mencionados.

Por estas razones tampoco hace sentido que la inmensa mayoría de los programas de pregrado finalice con un título profesional. En un mundo de cambios vertiginosos y de elevadas disrupciones, como el que estamos viviendo, esta formación de una persona joven es más eficiente y efectiva que la predominante en Chile.

En nuestro país, la inercia en esta dimensión tiene mucho que ver con el peso de los aranceles en el financiamiento de la educación superior. Este se acrecentó con la introducción de la gratuidad, porque la demanda por recursos públicos para concretarla es tan significativa que no deja holguras para vías alternativas de financiamiento estatal. Así, el 67% de los ingresos operacionales universitarios proviene de aranceles. Al mismo tiempo, esta estructura de financiamiento no contiene incentivos para la innovación en el pregrado, porque descansa, en gran medida, en un anacrónico modelo de costos que transfiere recursos a los programas sin consideraciones respecto del valor efectivo que les agregan a los estudiantes.

No hay una única manera de avanzar para acercarse a la formación que ocurre en gran parte de la experiencia comparada. Pero es indispensable asegurar mayor innovación y flexibilidad en los estudios superiores. Una posibilidad es reorganizar, por la magnitud de los recursos involucrados, los financiamientos estudiantiles públicos y semipúblicos existentes. Por ejemplo, podrían definirse dos fondos claramente identificables. El primero financiaría los primeros tres años de estudios, manteniendo la gratuidad para el perfil de estudiantes que el proceso político determine e incorporando, para los demás, un crédito contingente al ingreso. Este podría “premiar” a aquellos programas que entreguen licenciaturas de tres años.

Un segundo fondo complementario asignaría créditos contingentes al ingreso por un monto máximo que podría ser equivalente a dos o tres años de estudios adicionales, pero permitiendo un uso más flexible de ellos. Así, por ejemplo, se podría emplear para financiar un cuarto año de licenciatura, un magíster, una o más certificaciones brindadas en Chile o el extranjero por instituciones prestigiosas o completar la formación en aquellos programas, muy pocos, que requieren efectivamente un título profesional. Esos montos se definirían a partir de los criterios vigentes u otros similares apuntando quizás a un vínculo más preciso con el valor que agregan. Ellos no necesitarían invertirse inmediatamente, de modo que las personas puedan decidir, a partir de su experiencia laboral que comenzarían a adquirir después de sus licenciaturas, las mejores alternativas para completar su formación.

Explorar este camino requiere de otros cambios. Desde luego, terminar la exigencia de solicitar un título profesional, salvo en los pocos casos donde sea indispensable, o un número mínimo de semestres para reconocer una licenciatura en innumerables cargos públicos. Algunas adaptaciones menores en la ley general de educación y en el sistema de acreditación de la calidad podrían también ser necesarias. En cualquier circunstancia, el desafío más grande es vencer la inercia que se ha apoderado de la formación de pregrado en nuestro país que contrasta con el dinamismo que se observa en otras latitudes.

Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC