Abundante es la evidencia de que aquellas sociedades donde la incorporación femenina se ha consolidado de manera equitativa exhiben mayores índices de progreso, no solo en términos materiales, sino también en calidad de vida, pues su participación se traduce en la multiplicación de perspectivas, de maneras de hacer y de formas de relación. Sin embargo, los énfasis en cómo abordar la inserción femenina varían y han sido materia de debate. El gobierno pasado, que incluso se autodefinió feminista, puso el foco en la equidad de género, multiplicando la presencia de asesores y de protocolos a seguir en las reparticiones públicas, enarbolando las banderas de aquellas posturas más radicales. Su discurso —sin embargo— se vio debilitado no solo por el caso Monsalve, sino también por los escasos avances materializados en aspectos como la flexibilización laboral y la compatibilización entre familia y trabajo, temas centrales para la mujer trabajadora. Reflejo de aquello, el desempleo femenino alcanzó durante el período el promedio más alto de las últimas cuatro administraciones.

La nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, sostiene que su aproximación a las áreas bajo su responsabilidad está influida por su experiencia como habitante de Puente Alto y La Pintana, su labor de concejal de San Ramón y su trabajo en terreno como aspirante a diputada del disuelto Partido Socialcristiano, ocasiones en que tuvo la oportunidad de conocer a las “mujeres del Chile cotidiano, mujeres de esfuerzo, mujeres que sacan adelante a sus hijos”.

Más que detenerse en los temas valóricos, evitando un enfrentamiento con las organizaciones feministas que critican su pertenencia al mundo evangélico, la ministra señala que su agenda se centrará en tres temas prioritarios para las mujeres: empleo, seguridad y acceso a la salud, especialmente a tratamientos oncológicos. Su objetivo es apuntar a reducir el desempleo femenino, que suele ser alrededor de un punto mayor que la tasa nacional; disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, la que aumenta en el caso de las madres trabajadoras, y promover una inserción laboral que permita la compatibilidad con la vida familiar, prefiriendo impulsar los incentivos antes que imponer cuotas.

Para la nueva autoridad, es preciso fomentar “un cambio cultural” que promueva la corresponsabilidad parental en un entorno donde la mujer pueda compatibilizar la actividad laboral con la familia. Ello requiere de políticas públicas eficaces, que promuevan la flexibilización en el trabajo, e incentivos para facilitar la incorporación femenina. En este contexto, una parte de la discusión apunta a la sala cuna universal, proyecto de ley en trámite parlamentario, pero que la autoridad quiere revisar en sus aspectos técnicos y en su financiamiento. Conseguir su perfeccionamiento y una aprobación consensuada, que despeje las razonables dudas que se han planteado, podría ser un importante apoyo para las madres trabajadoras.

No hay discusión respecto de la relevancia de la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Su empoderamiento en diversos planos del quehacer social caracteriza a las sociedades contemporáneas después de décadas de esfuerzos por abrir espacios, conquistar derechos y avanzar en la corresponsabilidad parental. Las alarmantes cifras de natalidad obligan a repensar estrategias que se traduzcan en iniciativas eficaces, que permitan compatibilizar vida familiar y laboral para todos los miembros de la sociedad.