El segundo gobierno de Michelle Bachelet y el de Gabriel Boric diagnosticaron que la desigualdad era el principal problema social del país. En consecuencia, combatirla debía estar en el eje de su programa. La solución propuesta fue gravar impositivamente a los más ricos —responsables, a su juicio, de esa desigualdad— y que tales recursos fueran distribuidos a los sectores que lo requiriesen. Así, no solo se satisfarían las necesidades de estos últimos, sino que, de paso, se disminuiría la desigualdad. Tanto el financiamiento de la gratuidad universitaria como los problemas del sistema de salud o las pensiones de quienes no habían ahorrado lo suficiente se resolverían mediante este expediente.

En una reciente entrevista, el ministro Jorge Quiroz ha sugerido que el nuevo gobierno pretende modificar ese modelo. Este se basaba en la idea de que la riqueza del país puede moverse fácilmente desde los bolsillos de los más pudientes, vía impuestos, a la caja fiscal, para luego ser utilizada por el aparato estatal en ayuda a las personas con más necesidades. Así, se decía, se tendría una sociedad más igualitaria y con menos tensiones. Sin embargo, tal receta no funciona con la simpleza con que sus impulsores la plantean, ni ha sido capaz de entregar una mejor calidad de vida a la población de manera consistente y sostenida. Esto, no solo por la ineficiencia del Estado en la provisión de servicios fundamentales —la educación pública o la atención de salud estatal son elocuentes ejemplos—, sino porque, además, la creación de riqueza se apoya en las motivaciones emprendedoras de una multitud de agentes económicos trabajando con horizontes de largo plazo. El permanente aumento de impuestos o la acusación de ser los causantes de la injusticia social, altera esas motivaciones, debilitando las certezas jurídicas necesarias para encauzarlas. Esto afecta la creación de riqueza y la consiguiente base impositiva para recaudar los recursos con que el Estado puede ayudar a los más pobres. Por otra parte, sin desconocer la necesidad de esfuerzos focalizados en los sectores más vulnerables, la señal de un Estado que concibe como su función primordial la distribución de beneficios induce, al abusar del argumento, a que las personas internalicen que ese camino es más virtuoso que la promoción del esfuerzo individual y el dinamismo emprendedor, debilitando las verdaderas claves de la creación de riqueza. Así, la competencia por generar valor es sustituida por la pugna entre grupos de interés para conseguir una mayor proporción de los recursos que reparte el aparato público.

Alejándose de todas esas lógicas, el ministro Quiroz ha afirmado, en cambio, que la reactivación y el crecimiento económico son las herramientas que utilizará para hacerse cargo con mayor eficacia de los problemas de educación, salud o pensiones. Ello permitirá expandir en el tiempo la base impositiva y, por esa vía, proveer crecientemente de mayores recursos al fisco para abordarlos. Si atender a las urgencias de hoy implica sacrificar las bases del crecimiento futuro, solo se conseguirá frustrar los anhelos de la población. Por ello, el Gobierno está proponiendo un camino alternativo: recuperar los equilibrios fiscales con rapidez, para devolver al Estado una forma responsable de administrar sus recursos, pero, simultáneamente, liberar las motivaciones emprendedoras de las personas para generar el crecimiento que aumente los recursos fiscales en el largo plazo. Ello requiere facilitar la inversión, llevar las tasas impositivas a niveles competitivos y, sobre todo, reconocer el aporte social que los agentes creadores de riqueza realizan, abandonando la demonización de su actividad como impulsora del “lucro”.

Pero, como todo cambio de dirección relevante, este requiere ser explicado de manera clara y transparente a la población, no solo en lo relativo a los beneficios a alcanzar, sino también respecto de los sacrificios involucrados.