Señor Director:

A raíz de lo que se ha discutido en este medio sobre las recientes propuestas del Gobierno, entre ellas la restricción de la gratuidad para personas mayores de 30 años que estudien carreras profesionales con o sin licenciatura y la cobranza del CAE, resulta necesario resaltar algunas cifras.

El presupuesto destinado a gratuidad ha aumentado seis veces en los 10 años que lleva la política, y los beneficiarios alcanzan hoy el 46,3% de la matrícula total de pregrado. Por otra parte, respecto del CAE, a fines de 2025 aproximadamente 423 mil deudores titulados se encontraban en mora, representando el 53% de los egresados. Esto se traduce en un costo para el fisco superior a los US$ 300 millones.

Con todo, al observar la distribución de recursos del Ministerio de Educación, es posible advertir que, pese a ser el nivel con mayores retornos sociales, tan solo un 8% de los recursos son destinados a la educación parvularia. En contraste, un 21% se asigna a educación superior, casi triplicando los recursos destinados a la educación inicial.

En un contexto de especial estrechez fiscal, resulta imperativo focalizar el gasto. Las medidas anunciadas responden a esta urgencia. Cobrar el CAE a quienes tienen recursos para contribuir a ello y reducir el enorme financiamiento entregado a la educación superior es un paso en la dirección correcta: volver a priorizar la educación parvularia y escolar.

Constanza Lara
Javiera Pavisic
Acción Educar