El abultado déficit fiscal que hereda el gobierno del Presidente José Antonio Kast exige un importante ajuste, quizá mayor que el previsto hace algunos meses. La administración de Kast ha sugerido una convergencia a un balance fiscal a nivel estructural a fines del Gobierno, junto con impulsar, entre otras medidas tributarias, una baja en el impuesto corporativo que equipare los impuestos a las empresas en Chile con los de otros países. Ello hace necesaria una revisión a la baja del nivel de gasto en el gobierno central, junto con otra de gastos en programas poco prioritarios o ineficaces, y que representan un despilfarro de recursos públicos sin justificación.

El Ministerio de Hacienda enviará hoy un oficio para hacer una rebaja de 3% en el presupuesto de cada ministerio, lo que generaría un ahorro aproximado de 3.000 millones de dólares. Los detalles de esta iniciativa no se conocen, y algunas versiones apuntarían a que los ministerios de Seguridad y Defensa estarían excluidos de esta exigencia. Un segundo esfuerzo de restricción fiscal sería evaluado en la preparación del Presupuesto 2027, que será discutido a fines de este año.

La credibilidad de un ajuste fiscal del tamaño necesario exige esfuerzos que sin duda serán resistidos. Es por ello que impulsar un ajuste parejo, que no esté sujeto a presiones sectoriales ni negociaciones de ningún tipo, aumenta la posibilidad de que este se realice. En este sentido, cada ministerio deberá identificar los espacios para disminuir el gasto. Si, en cambio, esto se realizase luego de conversaciones entre Hacienda, la Dipres y cada ministerio, el espacio a crítica —aun desde el interior de cada repartición— aumentaría y podría terminar minando su viabilidad. Así, la iniciativa de recorte parejo en el gasto corriente parece una iniciativa sensata, aunque no exenta de problemas. La proporción de gastos que están establecidos por ley difiere sustancialmente entre carteras, por lo que la capacidad de hacer una disminución en el gasto no es la misma en algunos ministerios que en otros. Por ello, las dudas en algunos ministerios son legítimas.

Conviven así en este debate dos objetivos difíciles de compatibilizar: la necesidad de hacer un ajuste del gasto que sea creíble y sostenible, y el realismo respecto de la flexibilidad presupuestaria en distintos ministerios. Considerando que la realidad fiscal es bastante peor que la anticipada y que estos recortes representan una primera etapa en el ajuste fiscal, parece razonable la estrategia planteada por el Gobierno, postergando para la discusión de presupuesto un reordenamiento de las prioridades fiscales a partir de los recursos realmente disponibles.