Inmediatamente después del cambio de mando, con una rapidez por momentos inusitada, el Presidente de la República, José Antonio Kast, y sus ministros —varios de ellos desplegados en regiones— han ido anunciando o implementando una serie de iniciativas o medidas del denominado gobierno de emergencia. Muchas de ellas, sobre todo por la debilidad de nuestra economía, podrán traer costos políticos o exigir sacrificios a la población, pero resultan indispensables ante la magnitud de la crisis fiscal y de empleo que dejó la administración anterior.

El país requiere internalizar y sacar las debidas lecciones del profundo impacto que tuvo para el bienestar de la población el haber generado una inestabilidad institucional como la ocurrida después del estallido de 2019 (incluyendo el fallido proceso constituyente), además de los gruesos errores de política económica cometidos en estos últimos años.

El contraste con el gobierno de Gabriel Boric ha sido quizá lo más notorio en estos días, no solo por el cambio en la orientación de las políticas públicas o por algunos aspectos meramente formales, sino sobre todo por la sensación de seguridad que transmiten las autoridades de tener los objetivos claros y ser múltiples las medidas ya preparadas para atender las urgencias. Si bien en estos primeros meses la idea de emergencia centrará gran parte de la agenda, ello no puede implicar abandonar el desafío de construir una proyección de futuro. Las medidas duras o impopulares tienen que estar finalmente al servicio de un propósito político que trascienda el corto plazo y que ofrezca un horizonte de prosperidad.

Controvertidos indultos

Entre tantas declaraciones y medidas, una de las que han generado mayor controversia, y hasta cierto punto sorpresa, es el anuncio del Presidente Kast en orden a que “sí voy a utilizar la facultad del indulto para personas que defendieron la patria” durante el estallido. A su juicio, “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado. Y, claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”.

Naturalmente, el indulto es una facultad presidencial y resultaría absurdo que renunciara a emplearla cuando así estime, como de hecho la han utilizado los distintos jefes de Estado. Se espera, sin embargo, que quien la ejerza funde su decisión en motivos convincentes —usualmente, razones humanitarias o de paz social— lo suficientemente fuertes para justificar su excepcionalidad.

Desde luego no cabe descartar que en algunos casos del estallido existan buenas razones, pero ello debe estudiarse con sumo cuidado —recuérdese lo que le sucedió al Presidente Boric— y explicarse a la ciudadanía con claridad. Una cosa es que pueda haber razones de paz social, por ejemplo, —deben darse buenos argumentos para ello— y otra muy distinta es contradecir lo resuelto por los tribunales de justicia y considerar que los condenados “cumplieron con su deber” o “defendieron a la patria”. Se podrán compartir o no los fallos judiciales, pero tratándose en estos casos de condenas ejecutoriadas, la justicia ya resolvió que no actuaron en el cumplimiento de su deber, sino que cometieron delitos. No puede haber confusión en esto ni menos precipitaciones. Los costos presidenciales por errores, falta de prudencia o señales equivocadas en esta materia suelen ser enormes para su imagen.

Contradicciones de la oposición

Todavía sin hacer una profunda autocrítica sobre los magros resultados del gobierno que recién terminó y sobre las causas de su derrota electoral, lo ocurrido esta semana en la Cámara con el apoyo a Pamela Jiles de los principales partidos que hasta ayer estaban en el gobierno (incluyendo al Socialismo Democrático) revela una contradicción evidente entre esa conducta y el discurso oficial que tuvieron para defender el supuesto legado de la administración de Boric. Cabe recordar que una y otra vez en los últimos meses distintos personeros de gobierno destacaron como su principal logro el haber estabilizado la economía, bajado la inflación y, en definitiva, haber normalizado el país.

Ello no resulta coherente con el respaldo a una diputada que es el símbolo de los retiros de los fondos de pensiones que desestabilizaron la economía, y que reiteradamente amenaza con volver a ponerlos en tabla. Es también el abrazo a un discurso populista que ofrece respuestas facilistas a problemas complejos, sin mayor consideración de las consecuencias económicas o institucionales de las medidas que promueve. De mantenerse esta línea —las duras reacciones a cualquier anuncio de Kast y sus ministros de recortar el gasto fiscal parecen confirmarla— daría cuenta de que no hubo mayor aprendizaje tras su paso por el gobierno y que la política sería solo una herramienta para alcanzar o mantener el poder y que las ideas, decisiones y comportamientos solo tienen sentido en función de ese objetivo (ver editorial arriba).