Cinco días tendrá la ministra en visita Paola Plaza para decidir sobre la situación procesal de Galvarino Apablaza una vez que sea puesto a su disposición. El otrora cabecilla de la agrupación terrorista conocida como Frente Patriótico Manuel Rodríguez, responsable del asesinato en plena democracia del senador Jaime Guzmán, fue sometido a proceso por este crimen en el año 2004. La Corte Suprema requirió entonces su extradición a Argentina, adonde se había fugado, pero el gobierno de Kirchner impidió la entrega confiriéndole el estatus de asilado político. Desde entonces, el Estado de Chile —con independencia del color político de sus autoridades— ha instado por que Apablaza retorne al país para hacer frente a las imputaciones de la justicia.

El auto de procesamiento del ministro Dolmestch, ratificado tras un recurso de apelación, se basa en antecedentes sólidos, incluidos los testimonios de otros partícipes en el asesinato y miembros del Frente que declararon en la investigación y ya han sido condenados, Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena. Idéntica apreciación de la solidez de las imputaciones ha manifestado la Corte Suprema argentina, hasta donde corresponde en un caso de extradición, de manera que solo el bloqueo político del régimen kirchnerista había impedido hasta ahora la continuación del proceso, en el cual Apablaza podrá ejercer también su derecho a defensa.

La extensa historia del caso Guzmán, de la cual este es un nuevo episodio, tiene gran importancia para el presente y el futuro de Chile. En primer lugar, porque traza una especie de línea divisoria entre quienes construyen y defienden la institucionalidad, por una parte, y quienes, como algunos dirigentes políticos, justifican la violencia política, aunque por razones tácticas en ciertos casos estén disponibles para criticarla. Luego, porque la forma en que las autoridades chilenas colegiadas y unipersonales han trabajado por décadas para que se haga justicia, con independencia de las opciones políticas o ideológicas, es un ejemplo de la fortaleza institucional del país, que tanto hace falta conservar y reforzar.

En un plano más general, solo la identificación y compromiso con tareas y objetivos de largo alcance, que solo pueden llevarse adelante con una mirada de largo plazo y continuidad institucional, permitirá a Chile dar un salto hacia adelante en desarrollo humano, político y económico.

Finalmente, el caso Guzmán es un ejemplo de cuán costoso resulta muchas veces que se haga justicia y, consecuentemente, del enorme esfuerzo y compromiso personal que se requiere para que el sistema opere. Es cierto que en general las instituciones funcionan, pero no lo hacen solas. Son muchos los desvelos y costos personales que hacen posible un mínimo de operatividad del sistema. También de esto es preciso sacar lecciones.