El inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán no tardó en trasladarse a los mercados globales. En cuestión de días, el precio del crudo brent alcanzó niveles cercanos a los US$ 120 por barril, para luego oscilar entre los US$ 91 y los US$ 100 durante los últimos días. La magnitud del movimiento no tiene precedentes recientes: el precio del barril acumula un alza de aproximadamente 50% en lo que va de 2026. El detonante principal es el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, junto con las acciones bélicas de Irán para afectar el comercio por el paso por el que transita cerca del 20% de la producción mundial de petróleo y gas. Distintos expertos han calificado este evento como “la mayor interrupción de suministro de petróleo en la historia”.

La respuesta internacional no se ha hecho esperar. La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó liberar, de manera coordinada entre sus 32 países miembros, un total de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la cifra más alta desde la fundación del organismo. Su director ejecutivo, Fatih Birol, reconoció que el conflicto tiene implicancias significativas para la seguridad energética de la economía global. Así, la medida busca amortiguar el shock de oferta, aunque los propios analistas reconocen que las reservas coordinadas son insuficientes para compensar los cerca de 20 millones de barriles diarios que normalmente cruzan el estrecho.

Chile observa este cuadro desde una posición particularmente expuesta. Como país importador neto de petróleo, no enfrenta un riesgo de desabastecimiento inmediato, pero sí padece plenamente la exposición al precio internacional. Y en ese frente, las cifras son preocupantes. De acuerdo con estimaciones, Chile contaba en noviembre de 2025 con inventarios de petróleo equivalentes a aproximadamente 33 días de consumo. El estándar que la AIE exige a sus miembros es de 90 días de importaciones netas. En términos comparativos, EE.UU. dispone de unos 78 días y Nueva Zelandia, de 42. Entonces, Chile, junto con México, es uno de los países con menor autonomía energética de la OCDE.

Afortunadamente, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) actuará como amortiguador parcial en el corto plazo. Sin embargo, el próximo ajuste (previsto para el 26 de marzo) proyecta alzas superiores a los 20 pesos por litro. El traslado a precios dependerá también del tipo de cambio y de la evolución de los futuros de gasolina en las próximas semanas.

Por otra parte, si bien la economía chilena ha reducido su dependencia del petróleo en las últimas dos décadas —el insumo cayó desde cerca del 11% del consumo intermedio total en 2008 a aproximadamente el 8% en años recientes, y el sector eléctrico ha diversificado su matriz hacia energías renovables—, el sector transporte sigue siendo altamente sensible. Un estudio del Banco Central publicado en 2018 estimó que un alza sostenida de 10% en el precio del crudo era capaz de añadir entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales a la inflación de diciembre de ese año, y restar entre 0,1 y 0,3 puntos al crecimiento del PIB al año siguiente. Las proporciones actuales son varias veces mayores.

El cuadro anterior plantea dos desafíos concretos para la administración del Presidente José Antonio Kast. El primero es de corto plazo: gestionar el impacto inflacionario y sobre el crecimiento de una economía que ya venía mostrando señales de fragilidad. El segundo, de mediano plazo, es más estructural y menos abordado: Chile carece de una política robusta de reservas estratégicas de hidrocarburos. A diferencia de lo que ocurre con la regla de balance estructural o con la política monetaria, no existe en materia energética un marco institucional que obligue a mantener reservas mínimas adecuadas, que transparente el nivel actual de inventarios ni que establezca mecanismos de coordinación con el sector privado en situaciones de emergencia. La situación no es nueva, pero crisis como la actual hacen urgente corregirla.

Chile no puede controlar el precio del petróleo ni el devenir de los conflictos geopolíticos. Sí puede, en cambio, gestionar con mayor seriedad su vulnerabilidad energética. La nueva administración tiene aquí una tarea que va más allá de la coyuntura: constituir reservas estratégicas de estándares internacionales. El precio del petróleo eventualmente bajará. La exposición estructural de Chile, en cambio, permanecerá mientras no se actúe.