Al asumir ayer José Antonio Kast como Presidente de la República, protagonizó la novena transferencia ininterrumpida del mando desde 1990, circunstancia que consolida la continuidad democrática que ha tenido Chile. La ceremonia en el Congreso estuvo cargada de símbolos y emociones, puesto que pese a tratarse de dos presidentes de signo opuesto y que han sido duros adversarios, transcurrió de forma impecable. De ahí que no cabe sino celebrar que tanto Boric como Kast hayan bajado la tensión y vuelto a conversar en estos últimos días, contribuyendo así a un cambio de mando fiel a las mejores tradiciones del país. Lo que en muchas democracias maduras sería un aspecto más bien ritual, tiene para nosotros ahora —sobre todo después de lo vivido desde 2019— rasgos de logro político.

Merece subrayarse esto porque el quiebre de nuestra democracia representativa fue la amenaza que marcó el estallido de 2019, seguida de una propuesta de radical transformación hacia formas políticas ajenas a la tradición republicana nacional, como ocurrió con el proyecto constitucional que impulsó la Convención con el apoyo del gobierno de Boric, el que afortunadamente fue rechazado por una amplia mayoría ciudadana en 2022.

Las urgencias que marcan el comienzo del nuevo gobierno arrancan precisamente de esos sucesos. La violencia tuvo un enorme impulso con el estallido de 2019, favorecida también por un discurso político irresponsable que debilitó a las policías y cuestionó el Estado de derecho, el que fue a su vez aprovechado por el crimen organizado, que avanzó en su penetración. Y la profunda incertidumbre generada por el accionar de la Convención paralizó las inversiones y alentó la salida de capitales del país. Pese al rechazo de la propuesta constitucional, sin embargo, la confianza no se recuperó del todo —el Ejecutivo siguió impulsando proyectos que poco y nada iban en la dirección de fomentar el crecimiento—, lo que impidió una auténtica reactivación de nuestra economía. Esa situación se evidencia, por ejemplo, en las malas cifras fiscales y de empleo que recibe la administración de Kast.

Solo horas antes del juramento en el Congreso, un carabinero fue baleado en el cumplimiento de su deber. Una tragedia que pareciera querer reafirmar la prioridad que debe tener en la agenda pública el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. La reacción transversal de consternación y condena por lo ocurrido facilita el camino para avanzar en esta tarea.

Anoche, en un discurso simple, corto y directo, el Presidente Kast reiteró las líneas centrales de su “gobierno de emergencia”, en que resaltan como sus principales objetivos la recuperación de la seguridad, el sentido de autoridad y la reactivación económica. No hizo declaraciones grandilocuentes ni abundó en referencias históricas o literarias, marcando incluso en la forma una diferencia notoria con su predecesor. Puso el acento en la unidad de los chilenos y en el trabajo bien hecho. Sostuvo que “nos hemos preparado para asumir con responsabilidad, con seriedad y rigor... no solo venimos a trabajar, hemos venido a cumplir”.

Este último punto es esencial, pues los cambios profundos que se necesitan —muchos de los cuales serán resistidos por grupos de interés— solo tendrán éxito si se abordan con inteligencia, prolijidad, prudencia, evitando caer en errores de diseño o implementación que ofrezcan flancos a sus adversarios. Las autoridades deben ser capaces de explicar con claridad las razones que hay detrás de cada una de las medidas que adopten, y estar abiertas a hacer las rectificaciones en caso de requerirse. Una ciudadanía crítica e impaciente como la de nuestro tiempo puede darle la espalda rápidamente a un nuevo gobierno si percibe que se es descuidado en su gestión o muestra intransigencia para adaptarse a los nuevos escenarios. Lo ocurrido en el Senado con el controvertido proyecto de conmutación de penas es una muestra de cómo la materialización inicial de un propósito loable y humanitario, por la falta de rigor puede terminar generando un amplio rechazo que después será muy difícil revertir.

Además, las apuestas en que priman criterios políticos o personales por sobre los profesionales suelen tener costos altísimos para la imagen presidencial. Los errores cometidos por el Presidente Boric, por ejemplo en la designación de algunos embajadores, debieran servir de advertencia para no improvisar en puestos clave de nuestra política exterior.

De otro lado, en un Congreso en que ningún sector tiene mayoría, el que el ahora oficialismo haya conseguido la presidencia del Senado —Paulina Núñez (RN)— y de la Cámara —Jorge Alessandri (UDI)— es una buena noticia para la administración de Kast, la que podrá manejar de mejor forma la agenda legislativa, aunque en ningún caso ello asegure el apoyo a sus proyectos. El acuerdo de cuatro años entre el P. Republicano y Chile Vamos con el Socialismo Democrático, sin el FA, el PC y la DC, puede interpretarse como la primera señal del PS y el PPD de marcar un perfil propio en esta nueva etapa. Habrá que ver si esto es solo un hecho puntual de carácter formal o si se traduce efectivamente en el despliegue de una agenda más moderada y responsable.

Con todo, lo ocurrido en la Cámara con el apoyo a Pamela Jiles de los principales partidos que hasta ayer estaban en el gobierno (incluyendo al Socialismo Democrático) es quizá un indicador más potente del tipo de oposición que se puede esperar en el futuro. El respaldo a una hábil diputada de reconocida posición rupturista como Jiles —no solo ella es el símbolo de los retiros de los fondos de pensiones que desestabilizaron la economía y que una y otra vez amenazan con volver, sino que hace algunas semanas sostuvo que le “haría la vida imposible” al gobierno de Kast— sería indiciario de que no pretenden abandonar las prácticas de cuando fueron oposición a Piñera y buscaron por distintos medios hacerlo fracasar e impedir que terminara su período. Es también el abrazo a un discurso populista que ofrece respuestas facilistas a problemas complejos, sin mayor consideración de las consecuencias económicas o institucionales de las medidas que promueven.

De afianzarse esta deriva en la oposición, sería una pésima noticia para el país, demostraría que no hubo mayor aprendizaje tras su paso por el gobierno, que la política sería solo una herramienta para alcanzar o mantener el poder y que las ideas, decisiones y comportamientos solo tienen sentido en función de ese objetivo.